El sumario por el intento de golpe de estado del 23F se custodia en el Tribunal Supremo, que mantiene el control de acceso a las millas de folio mecanografiados de la instrucción que realizó el consejero togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, José María Escudero, la parte alusiva a las sesiones del juicio que comenzaron en febrero de 1982, la sentencia y el resto de documentos relativos a su ejecución. Se permite su consulta previa petición y con multas “académicas”.
Fuentes jurídicas señalan que todo este material no se considera materia reservada como otros documentos afectados por la ley de secretos oficiales que han sido desclasificados este miércoles por el Gobierno, pero para su acceso público deben cumplir determinados requisitos, al igual que ocurre con otros sumarios antiguos que se encuentran en el alto tribunal.
En el caso del 23F, y ante el gran número de investigadores, historiadores, escritores o periodistas que han solicitado su consulta, se realizó una especie de protocolo para regular su acceso. Según las mismas fuentes, cuando una de estas consultas se realiza al archivo del Tribunal Supremo, la solicitud se traslada a la Sala de Gobierno del tribunal, que es la que tiene que autorizar. La Sala de Gobierno de este órgano la integran la presidenta de este órgano –y también del Consejo General del Poder Judicial, actualmente Isabel Perelló, los cinco presidentes de sala (Civil, Penal, Social, Contencioso-Administrativa y Militar) y otros cinco magistrados electos.
Se permite acceder a los documentos, pero no se pueden sacar fuera del edificio, donde pueden tomar notas, además de concretar qué parte de la causa se reclama, y tampoco se puede pedir todo el sumario sin más. Hay investigadores que se han centrado en la instrucción, mientras otros han consultado aspectos del juicio reflejados en el sumario o la parte de la ejecución, según las mismas fuentes.
El acceso periodístico al sumario fue en su día una exclusiva de la agencia Europa Press, que logró en primicia la totalidad de la instrucción, que era secreta en dicho momento, además de una declaración del teniente coronel Antonio Tejero. Según el periodista José Yoldi, el sumario era tan voluminoso que el coste de las fotocopias salió “por unas cuarenta mil pesetas (240 euros) de entonces”, según se recoge en el libro De Europa a Europa del periodista Jesús Frías.
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