El gobierno español ha señalado que en última instancia tiene la intención de presentar un presupuesto al parlamento nacional. Crédito de la foto: Congreso de la piscina.
España se ha convertido en el único país de la eurozona que no ha presentado su proyecto de plan presupuestario nacional a la Unión Europea durante dos años consecutivos, un lapso que subraya el actual estancamiento político en Madrid y genera preocupaciones entre los organismos de control fiscal y los funcionarios de Bruselas.
Según las normas europeas, todos los Estados miembros de la zona del euro deben presentar proyectos de planes presupuestarios (PPP) a la Comisión Europea cada otoño. Estos planes describen los ingresos y gastos públicos proyectados para el próximo año, proporcionando la base para la supervisión y coordinación fiscal de la UE en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Sin embargo, España no envió su plan presupuestario para 2025 y, según el cronograma del propio gobierno, tampoco cumplió con el plazo habitual para la presentación de 2026, dejando al país como el único Estado miembro de la eurozona sin ninguno de los documentos transmitidos formalmente a Bruselas.
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Parálisis política detrás de los planes faltantes
El fracaso en la entrega de los proyectos de planes presupuestarios se debe principalmente a la actual ausencia en España de un nuevo presupuesto nacional. El gobierno español ha operado durante años bajo extensiones del último presupuesto aprobado en 2023. Según fuentes del Ministerio de Finanzas español, el gobierno decidió en 2025 retrasar el envío del borrador a Bruselas hasta que exista un presupuesto nacional completo, un paso que aún no ha ocurrido debido a las relaciones conflictivas en el Parlamento español.
La inestabilidad política interna ha dificultado que el gobierno del primer ministro Pedro Sánchez encuentre apoyo suficiente para aprobar nuevos presupuestos anuales para 2024, 2025 y ahora potencialmente para 2026. En debates en el Congreso de los Diputados de Madrid, altos funcionarios han reconocido la dificultad de aprobar nuevas cuentas públicas sin una mayoría estable, lo que indica que el gobierno puede continuar operando con extensiones presupuestarias hasta bien entrado 2026.
Dado que un proyecto de presupuesto nacional es un precursor del PPD, la ausencia de cuentas nacionales impidió efectivamente que España cumpliera con el requisito de la UE de enviar planes presupuestarios a Bruselas.
Marco de la UE y su importancia
Según el marco de gobernanza fiscal de la UE, los proyectos de planes presupuestarios deben presentarse a mediados de octubre. Luego son revisados por la Comisión Europea, que evalúa el cumplimiento de los límites de gasto recomendados y otros puntos de referencia fiscales. Otros países de la eurozona presentaron sus planes para 2026 a tiempo, lo que permitió a Bruselas emitir opiniones y guiar la política fiscal nacional en todo el bloque.
Por su parte, el paquete fiscal de otoño de la Comisión Europea confirmó que la mayoría de los países de la eurozona han presentado PPD y comenzado evaluaciones de cumplimiento para 2026. Sin embargo, España y Bélgica fueron consideradas excepciones, y la falta de presentación de España está directamente relacionada con la falta de un proyecto de presupuesto en el parlamento nacional.
Esta omisión significa que la postura fiscal de España no puede evaluarse de la misma manera que la de sus pares, lo que obstaculiza la capacidad de Bruselas para monitorear las finanzas públicas españolas dentro de las reglas fiscales más amplias de la eurozona.
El organismo de control fiscal hace sonar la alarma
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) española, la institución fiscal independiente del país, ha destacado repetidamente los riesgos asociados con la ausencia tanto de un presupuesto nacional como de los planes presupuestarios de la UE que lo acompañan. En sus informes, la AIReF señala que la falta de presentación de estos planes hace que una supervisión fiscal significativa sea “particularmente difícil”. Señaló que el gobierno no ha presentado el proyecto de presupuesto general del Estado para 2024 o 2025, y tampoco ha transmitido el plan presupuestario para 2025 a las instituciones de la UE.
El análisis de la AIReF también subraya que otros ingredientes clave de un proceso fiscal que funcione, como el establecimiento de objetivos fiscales y el establecimiento de límites de gasto no financiero, no se han producido en el cronograma ordinario, lo que ha contribuido a la incertidumbre sistémica en la estrategia presupuestaria de España.
Al quedarse sin documentos fiscales regulares, la AIReF advirtió que los mecanismos de seguimiento fiscal de la UE son efectivamente “ciegos” a la trayectoria presupuestaria de España, lo que reduce la transparencia y complica la supervisión del cumplimiento.
Impactos nacionales e internacionales
Desde una perspectiva interna, los repetidos retrasos presupuestarios han generado críticas en todo el espectro político español. Los partidos de oposición argumentan que una dependencia prolongada de cuentas obsoletas de 2023 socava la rendición de cuentas democrática y obstaculiza la planificación fiscal de los servicios públicos, la inversión y los programas sociales.
A nivel internacional, la posición inusual de España como el único país de la eurozona que no cumple con dos PPD consecutivos ha llamado la atención de analistas y autoridades que enfatizan la importancia de una planificación fiscal transparente dentro de la unión monetaria. El paquete fiscal de la Comisión señaló explícitamente la ausencia de España de la lista de proyectos de planes conformes, en contraste con la mayoría de otros Estados miembros que han cumplido con las expectativas tanto de procedimiento como de calendario.
Mirando hacia el futuro
El gobierno español ha señalado que en última instancia tiene la intención de presentar un presupuesto al parlamento nacional y, por extensión, a las autoridades de la UE. Sin embargo, con las negociaciones políticas en curso y las mayorías parlamentarias aún inestables, no hay una fecha firme para que España pueda rectificar su ausencia de un presupuesto nacional y cumplir con sus obligaciones europeas de presentación de informes.
Hasta entonces, España seguirá siendo un caso atípico en el marco de gobernanza fiscal de la eurozona, poniendo de relieve tanto los desafíos políticos internos como cuestiones más amplias sobre la coordinación fiscal en Europa.