El Ministerio de Trabajo de España, el Ministerio de Educación y algunos gobiernos regionales del país están envueltos en una discusión sobre las responsabilidades laborales de los lectores de idiomas extranjeros, con afirmaciones de que están siendo utilizados como “falsos becarios”.
El programa del Ministerio de Educación de España para lectores de idiomas extranjeros está amenazado por las inspecciones del Ministerio de Trabajo.
El departamento que dirige Yolanda Díaz ha estado investigando y multando a varias comunidades españolas porque afirma que estos jóvenes extranjeros -que vienen a España para ayudar a los niños a mejorar su inglés y otros idiomas- están siendo utilizados como “falsos becarios”.
El Ministerio de Trabajo sostiene que estos auxiliares de conversación deberían tener contratos de trabajo y contribuir al sistema de seguridad social.
Según el Ministerio de Educación de España, la mayoría de los auxiliares de idiomas en las escuelas públicas trabajan entre 12 y 16 horas a la semana.
Hasta ahora, las regiones de Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Madrid y Valencia (que resultan estar gobernadas por el opositor Partido Popular) han expresado “preocupación” por la denuncia.
Exigen “coordinación” entre los Ministerios de Trabajo y Educación, porque afirman que están siendo inspeccionados y multados por funcionarios laboristas simplemente por implementar un programa y condiciones establecidos por el Ministerio de Educación nacional liderado por los socialistas.
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Galicia cuenta actualmente con 700 lectores y Aragón con 101, pero ambas regiones ya han manifestado que no continuarán con el programa durante el próximo curso académico si persiste la “falta de seguridad jurídica”.
Andalucía ya abandonó el programa el año pasado tras ser multada con 5 millones de euros por tener 1.806 lectores.
Otras regiones también están considerando abandonar el programa si no se resuelve el problema.
En 2025, un total de 7.140 lectores nativos vinieron a España para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades orales en inglés, francés, alemán, italiano y portugués.
El programa de asistente lingüístico lleva funcionando desde hace 20 años y permite a estudiantes universitarios de último año de hasta 30 países -incluidos EE.UU., Reino Unido, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Italia y Brasil- venir a España y ayudar a los escolares a mejorar su fluidez en lenguas extranjeras.
Se trata de un duro golpe para los jóvenes extranjeros procedentes de países extracomunitarios, cuya única oportunidad de venir a vivir a España durante un tiempo pueden ser programas como estos.
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El Ministerio de Educación español estipula que se trata de un “intercambio cultural” y no considera que estos jóvenes extranjeros deban estar sujetos a las mismas normas laborales ni tener un contrato de trabajo.
Fuentes del departamento explican que disponen de un escrito de la Fiscalía del Estado que “les aporta seguridad jurídica” sobre el tema.
Según el diario español El Mundo, la sentencia establece que “no existe relación laboral” y que por tanto no se debe exigir salario contractual.
“La relación de los asistentes no tiene las características de un empleo, sino que se asemeja más a una relación voluntaria, considerando principalmente el objetivo de esta función, que se acerca más al de una especie de ’embajador cultural’, y no la prestación de servicios a cambio de una remuneración”, se lee en el documento.
Sin embargo, estos asistentes lingüísticos reciben una compensación económica por sus servicios de entre 800 y 1.000 euros al mes. En algunos casos, también obtienen vales de alojamiento o comida. Fundamentalmente, esto se considera una subvención, no un salario.
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Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que “en algunas regiones hay problemas porque los lectores se exceden en sus funciones y mantienen una relación laboral”.
Sin embargo, curiosamente, las fuentes afirman que el Ministerio de Trabajo sólo ha impuesto multas a los auxiliares de idiomas pagados por los gobiernos regionales, pero no a los financiados por el Ministerio de Educación.
“Los financiados por el Ministerio y los financiados por Andalucía han estado trabajando en los mismos centros educativos, y pese a realizar las mismas funciones, sólo los financiados por Andalucía han sido sancionados”, explican a El Mundo fuentes de la zona sur.
“Los ayudantes no pueden trabajar como profesores, no son profesores. Son estudiantes universitarios. No sustituyen al profesor en ningún caso y están siempre en el aula con un profesor. Están aquí para aprender. No hacen nada más”, afirman fuentes de la Junta de Andalucía.
Un caso similar ocurrió en Aragón, donde se impuso una multa de 199.000 euros.
El fiasco de los auxiliares se debatirá este viernes 6 de marzo en la Conferencia Sectorial de España, máximo órgano de diálogo en materia educativa entre el Gobierno central y las autoridades autonómicas.
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