De señalar a cargos concretos y advertir de posibles consecuencias para el Ayuntamiento, a descargar de responsabilidad a la administración local y evitar acusaciones a las personas vinculadas con Les Naus. El informe de Patrimonio que avisó al gobierno de Luis Barcala del escándalo de las viviendas protegidas se “suavizó” una vez iniciada (por orden del alcalde tras conocer su entorno que este diario iba a desvelar las polémicas adjudicaciones) la investigación interna. El primer documento apuntaba directamente a adjudicaciones relacionadas con la entonces concejala de Urbanismo, la que fuera directora general y actual jefa de Contratación o uno de los arquitectos municipales investigados. Sin embargo, después de que el dirigente popular solicitóse la apertura de un expediente de averiguación de hechos, el departamento municipal presentó dicho expediente un segundo escrito, eliminando toda alusión específica a cargos del Consistorio.
El primero de los archivos (que no consta de número de registro y, según el alcalde, fue enviado desde el departamento de Patrimonio al vicesecretario general del Pleno) apuntaba que, tras constatar la existencia de adjudicatarios “vinculados a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato”, se considera que “podría conllevar la exigencia de responsabilidades” a dichas personas, así como “afectar a la imagen de la Corporación municipal y de su personal”. Además, si bien se indicaba que “la adecuación al cumplimiento de la normativa de vivienda protegida debe ser atendida por la conselleria y no por el Ayuntamiento”, sí se avisaba de que el Consistorio “debe velar porque el reparto se haya efectuado conforme a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia”.
Además, el primer escrito de Patrimonio, que forma parte del expediente municipal, incluía advertencias concretas sobre la intervención de personal municipal en la tramitación de la construcción de Les Naus que terminó siendo adjudicatario de una vivienda protegida en el residencial o familiar directo de uno. Al respecto, se señalaba que “al menos el arquitecto municipal ha intervenido en el asesoramiento del contrato entre el Ayuntamiento y los representantes de la cooperativa, sin que conste que haya manifestado en ningún momento la concurrencia de causa de abstención, cuando cabría apreciar la existencia de un interés directo en el asunto”. En la misma línea, se señala de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, también vecina del residencial, que “su participación se circunscribe a reuniones y la concesión de licencias para la modificación del proyecto, sin que tampoco constara causa de abstención por el mismo motivo que el anterior”.
A lo anterior se añade igualmente que “destacan nombres vinculados a una alta funcionaria municipal que también intervino en el procedimiento de licitación al ostentar la jefatura del Servicio encargado de las licitaciones” sin que se haya constatado tampoco su abstención en el procedimiento. Aunque “a diferencia del arquitecto municipal, no se aprecia que su intervención pudiera haber sido decisiva en la toma de decisiones”, se destaca que “el hecho de que cada descendiente resulte beneficiario de una vivienda aconseja extremar la cautela”.
Segunda versión
Con todo ello, según las explicaciones de Barcala, él mismo ordenó la apertura de un expediente de averiguación de hechos el 28 de enero, cuando asegura que recibió el citado informe. Pese a que la directriz del alcalde se trasladó al vicesecretario general a las 13:01 horas, de acuerdo con la versión del dirigente popular, la investigación no se abrió formalmente hasta la 1:10 de la madrugada del día 29, horas después de que el gobierno municipal tuviera constancia de que INFORMACIÓN iba a publicar un artículo sobre las polémicas adjudicaciones de Les Naus. La información llevaba por título “La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas”.
En el marco de esta investigación, el departamento de Patrimonio hizo entrega al instructor del expediente (en esta ocasión sí por registro oficial y que también forma parte segunda del expediente municipal) un informe sobre los hechos bajo sospecha. En este nuevo documento, con la mayor parte de párrafos calcados palabra por palabra del primer archivo, se suprimía la alusión a posibles consecuencias para los implicados y la imagen de la Corporación, así como el aviso sobre responsabilidad del Ayuntamiento de velar por un reparto de acuerdo con los principios fijados en la ley. Además, se excluye también toda alusión concreta a los cargos y funcionarios señalados en el primer escrito, limitando las sospechas a que “figuran como adquirientes determinadas personas vinculadas a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato”.
Tras verso suavizado el contenido inicial del escrito municipal, las conclusiones del expediente de averiguación de hechos abierto a petición de Barcala señalaron que “Rocío Gómez no ha intervenido en los mismos [expedientes administrativos]no suscribiendo documento o acto administrativo alguno”, a pesar de que el primer informe de Patrimonio sí constataba la presencia de la concejala popular en “reuniones” y en “la concesión de licencias para la modificación del proyecto”, además de que también señalaba que intervino en la sustitución del técnico responsable del contrato, como consta en el acta de la correspondiente reunión de la Junta de Gobierno Local. Del mismo modo, el vicesecretario general también concluye que el arquitecto municipal audido en el primero de los archivos de Patrimonio “no ha intervenido en el procedimiento”, pese a que llegó a ser propuesto como supervisor del mismo, en un nombramiento que se evitó, según Patrimonio, “en cumplimiento de las directrices dadas por la concejala de Urbanismo”.
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