Vox ha vuelto a arrastrar al PP de Alberto Núñez Feijóo a su terreno de juego con el debate sobre la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas prestaciones públicas. El concepto, polémico y que ha abierto grietas entre los barones populares por su dudosa legalidad, sobrevuela las negociaciones para formar gobiernos autonómicos, ha llegado también al Congreso e incluso se ha colado ahora en las conversaciones entre el Consell de Juanfran Pérez Llorca y los voxistas para aprobar los presupuestos de 2026. Aunque la negociación está abierta y hay ciertas discrepancias entre partidos, ambas partes van acercando posturas de cara a un posible acuerdo presupuestario.
Públicamente, Vox defiende que el término debe verse reflejado también en ese proyecto presupuestario valenciano que persigue Llorca, e incluso alardea de que ya fue asumido por el presidente en su investidura, un extremo que la Generalitat Valenciana niega. Sin embargo, en privado, sus dirigentes aparcan esa batalla semántica y rebajan sensiblemente el alcance de las medidas que se pueden implementar en ese sentido desde un gobierno autonómico. De hecho, apuntan a que las actuaciones en el ámbito valenciano se centrarían en ampliar el tiempo de empadronamiento exigido para poder solicitar ciertas prestaciones sociales o acceder a una vivienda pública, lo que no intersecta con el origen de las personas.
Pese a defender que el principio de “los españoles primero” que subyace bajo esa “prioridad nacional” no vulnera la Constitución “sino todo lo contrario”, fuentes de Vox en la C. Valenciana aseguran saber “perfectamente” el rango de actuación que tiene el Consell como administración autonómica. “Lo que podemos hacer es priorizar en ayudas sociales y vivienda a los nacionales, en concreto a los valencianos, respecto a los de fuera”, apuntan.
Más tiempo de residencia
Y se sitúan como ejemplo el cambio pactado con el PP en la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), en la que extendieron el tiempo de empadronamiento requerido para poder acceder al subsidio de 12 a 15 meses. En el texto no figura ninguna referencia al origen de la persona solicitante, sino únicamente a su arraigo, el concepto por el que se inclina el PP y al que parecen abrirse los dirigentes valencianos de Vox mientras no se modifica la ley de Extranjería estatal.
“Un ejemplo es la RVI. En el tema del arraigo exigimos más plazo, de 12 a 15 meses. Por ahí van los tiros, medidas que prioricen a los nacionales, en concreto en nuestro caso a los valencianos, respecto a los de fuera”, señalan las citadas fuentes de Vox, admitiendo de forma implícita que esa “prioridad” que podría imponer la Generalitat nunca sería para los nacionales sino, en todo caso, para las personas que acumulan más tiempo como residentes. en la C. Valenciana. Una situación que, paradójicamente, podría dejar sin ayudas a españoles de otros territorios que lleven poco tiempo en la autonomía valenciana y beneficien a personas extranjeras con más arraigo.
Llorca insiste en el arraigo
El escenario guarda paralelismos con el vivido en relación a la acogida de los menores migrantes llegados a Canarias, con Vox imponiendo el marco mental –“ni un mena más”– y el PP transigiendo a nivel discursivo pero acatando la legalidad y recibiendo a los menores. La Generalitat, entonces pilotada por Carlos Mazón, no podía negarse a atender a estos chavales una vez el Gobierno central aprobó el decreto que formalizaba los criterios de reparto, pero accedió a las exigencias voxistas, explícitando su oposición a la medida y pleiteando en los tribunales, a cambio de sacar adelante los presupuestos de 2025.
Y ahora Llorca parece enfilar el mismo camino. El presidente trata de orillar el debate terminológico y ha defendido estos días que el arraigo ya computa en muchos ámbitos de la administración. “Cuando un municipio saca ayudas municipales y da prioridad a quien está empadronado, ¿los alcaldes son racistas? Cuando las ayudas de la Generalitat, también con el Botànic, para el deporte de elite piden haber nacido en la C. Valenciana, ¿el Botànic era racista?”, se preguntó el miércoles tratando de rebajar el debate. Este jueves ha insistido en las mismas reflexiones.
El jefe del Consell evita defender el concepto voxista de “prioridad nacional” y se centra en el “arraigo”, la fórmula preferida por el PP. “Creo en el arraigo, claro que sí. Creo que cuando un alcalde saca una promoción de vivienda tiene que haber arraigo y tener prioridad o puntuar más quien más lleva en el pueblo. Y no creo que eso sea racista. Alguien quiere generar un debate que en la realidad no existe, es un debate estéril”, ha remarcado Llorca, que no ha querido si confirmaría aceptaría incluir el término de forma literal en un pacto hipotético para los presupuestos.
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