El juicio, que versaba sobre los contratos de mascarillas que permitieron ganar a Víctor de Aldama un total de seis millones de euros —según datos del informe de la Agencia Tributaria— a través de una trama corrupta integrada por él, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, ha sido, en realidad, un macrojuicio potencial.
Un cajón de sastre en el que se ventilaron, además del asunto de las mascarillas —o “caso Jésica”—, otras dos piezas separadas que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional: la pieza número 9, sobre presuntos pagos en metálico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), declarada secreta; y la pieza número 8, procedente del Supremo, relativa a presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública, en la que existiría una trama cuyo “jefe” sería el secretario de Organización del PSOE y diputado Santos Cerdán, quien, asimismo, habría repartido los beneficios ilícitos de dichas adjudicaciones entre Ábalos y Koldo García.
En sus declaraciones, Aldama, a preguntas de su abogado y del fiscal, se explayó sobre la participación de Santos Cerdán en una trama que, según sostuvo el acusado, ya existía en 2015, tres años antes de la llegada del PSOE al Gobierno de España. Según explicó, Pedro Sánchez —entonces secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno en junio de 2015— era el “número 1” de dicha trama. Y, por tanto, cuando Aldama se incorporó a ella, él ocupó el “número 4”.
Santos Cerdán ha estado, en efecto, muy presente en la orientación del interrogatorio dirigido por José Antonio Choclán, abogado de Aldama, en línea con el pacto alcanzado, en nombre de su cliente, con la Fiscalía Anticorrupción.
Durante el juicio dio la impresión de que las afirmaciones de Aldama formaban parte de dicho pacto y eran esperadas por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Luzón quiso modificar sus conclusiones, elaboradas antes del juicio, para solicitar en un nuevo escrito la solicitud de una atenuante muy cualificada a Aldama, con el objetivo de evitar su ingreso en prisión, dado que cada una de las penas individualizadas solicitadas sería inferior a dos años de cárcel.
Ello significa que las afirmaciones de Aldama durante el juicio fueron consideradas por la Fiscalía Anticorrupción altamente satisfactorias y que colmaron las expectativas con las que se llegó a la vista oral.
Sin embargo, Luzón tuvo que dar cuenta de su propuesta a su superiora, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.
¿Conceder una atenuante muy cualificada a un acusado que no solo carga con la causa ya enjuiciada, sino que además está imputado en otra relacionada con el fraude del IVA de las gasolinas, que ya asciende a 210 millones de euros, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil?
¿Y rebajar el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, que ya consideraba que una petición de siete años de cárcel era una recompensa a la cooperación del acusado —calificada por la UCO como “el pagador” y “el nexo corruptor”—, mientras se solicitaban penas de 19 años para Koldo García y 24 años para José Luis Ábalos?
¿Facilitar que no ingresar en prisión después de haber sostenido durante el juicio, sin aportar prueba alguna, lo que lleva afirmando desde hace año y medio en platós de televisión: que Pedro Sánchez era el “número 1” de la trama?
Peramato, finalmente, se opuso a la rebaja. No obstante, el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permitió a Luzón —aunque obligado a ajustarse a las instrucciones de la fiscal general del Estado en su escrito de conclusiones— desarrollar libremente su intervención oral “en lo que considere conveniente para el bien de la justicia”.
Y así lo hizo. Habida cuenta de que la Sala Penal del Supremo es la misma que condenó al predecesor de Peramato, el fiscal Álvaro García Ortiz, la defensa de la atenuante muy cualificada para Aldama podría tener más peso para el tribunal que el escrito de calificación no modificado.
Eso sí: no podía quedar sin respuesta la afirmación que —“con desahogo”, según Luzón— realizó Aldama sobre Pedro Sánchez. Por ello, el jefe fiscal afirmó que “Sánchez no era el número 1 de la organización; el jefe era Ábalos”.
El mismo jueves 6 de mayo, mientras se desarrollaba la última sesión del juicio en el Supremo, la Fiscalía Anticorrupción remitía al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, una solicitud para incorporar a la pieza separada la declaración de Aldama, “haciendo manifestaciones que guardan relación con el objeto del presente procedimiento y, principalmente, con la pieza número 8, incoada tras testimonio procedente del Tribunal Supremo en su causa especial. 20775/2020, para investigar la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes”.
La causa pasó a la Audiencia Nacional cuando Ábalos renunció a su escaño de diputado y, por tanto, a su aforamiento. Luzón pretende dar impulso a esta pieza.
Ahora bien, conviene señalar que el juez Leopoldo Puente solicitó en junio de 2025, tras enviar a Santos Cerdán a prisión, un informe sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE. Sin embargo, la UCO no ha entregado dicho informe casi una vez meses después.
No es curioso recordar que, según Puente, Cerdán sería el jefe de una trama en la que podrían haber ingresado —según se afirma— cinco millones de euros.
Asimismo, se solicitó que el juez reclamara al Supremo la incorporación a la pieza 9, declarada secreta, de las manifestaciones de Koldo García, “en las que se refiere a la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español”. Y añade: “Dado que tales declaraciones podrían aportar datos hasta ahora desconocidos, se considera de interés para los hechos investigados que sean incorporados a las diligencias previas 65/23”.
El interés de Luzón se centra en las “chistorras”, término con el que Koldo García se refería a los billetes de 500 euros. El acusado había negado durante la instrucción que utilizara ese peculiar nombre para aludir a dichos billetes. Sin embargo, durante su declaración en el juicio cambió de versión y admitió que así era. El término procede de la época en la que el acusado colaboraba con la Guardia Civil en Navarra.
Luzón se dispone ahora, sin pausa, a vincular las “chistorras” con los presuntos pagos en metálico del PSOE, que hasta el momento no habían arrojado indicios de blanqueo de capitales ni de una supuesta caja B.
El juez Moreno firmó dos días más tarde, el viernes 8 de mayo, una providencia dirigida a la Sala Penal del Supremo en la que solicita el envío de las declaraciones de Aldama y Koldo García.
Es evidente que el fiscal Luzón tiene prisa. No ha querido esperar a que el tribunal encargado de juzgar el caso mascarillas —o “caso Jésica”— valore dichas declaraciones en la sentencia que dictará dentro de aproximadamente un mes. Luzón ya las ha valorado. Y por ello solicitó la atenuante muy cualificada para Aldama.
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