“Estas son las personas que construyen la España rica, abierta y diversa que tenemos hoy”, escribió. “Y el país que aspiramos a tener en el futuro”.
Sánchez dijo que como históricamente los inmigrantes de España habían fluido a otras naciones, el país tenía la obligación moral de dar la bienvenida a los recién llegados tal como su propio pueblo había sido acogido en otros lugares. Pero destacó que la cuestión del estatus también era una necesidad pragmática.
“España, como otros países europeos, está envejeciendo. Si no contratamos gente nueva para trabajar y contribuir al sistema de seguridad social, nuestra prosperidad se desacelerará, nuestra capacidad de innovar disminuirá y nuestros servicios públicos (atención médica, pensiones, educación) se verán afectados”, escribió, subrayando que el fuerte crecimiento económico del país se debe en parte a la afluencia de trabajadores extranjeros.
Cualquier inmigrante no autorizado que pueda demostrar que ha vivido en España durante al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026 puede beneficiarse del decreto. Los solicitantes deben proporcionar prueba de empleo o vínculo familiar con el país; las personas con antecedentes penales no califican.
La medida ha recibido elogios de la Iglesia Católica, un improbable aliado del gobierno de coalición de izquierda de Sánchez. En un aparente guiño al apoyo de la Iglesia al plan, las solicitudes de estatus legal se aceptarán hasta el 30 de junio, día en que el Papa León comenzará una visita de una semana a España durante la cual se espera que hable sobre la difícil situación de los inmigrantes.
Sin embargo, no todo el mundo es fanático.