La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat contará con 4.248 millones de euros – 930 millones más que en 2023–, con los que deberán afrontar retos especialmente delicados, como la reducción de las listas de espera de dependencia o la equiparación salarial del sector social. Son dos de los aspectos en los que el Gobierno ha centrado sus anuncios los últimos meses. Hace dos semanas, el Govern selló el acuerdo que garantiza que todos los trabajadores del Tercer Sector cobren lo mismo en un plazo de cuatro años, independientemente de si son funcionarios o trabajan para una entidad social. Y este mismo miércoles, el Parlament ha dado el visto bueno a las primeras contempladas en el ‘Pla Cura’, un programa transversal que prevé medidas reducir de 397 a 60 días la media de espera para ver reconocido un grado de dependencia.
En este sentido, los presupuestos contemplan un incremento de prácticamente 180 millones en las prestaciones económicas para las personas dependientes y 23 millones únicamente para ampliar 1.000 plazas en residencias este año, tal como se recoge en el compromiso entre el Govern y los Comuns. También reservarán 150 millones este año, tal como se acordó con el sector, para la equiparación salarial del sector social.
Los casi 4.230 millones que recibirán la conselleria liderada por Mònica Martínez Bravo, y que se convierten a Drets Socials en el tercer departamento al que se destinan más recursos –solo detrás de Salut y Educació–, también se reservarán 41 millones de euros específicos para proyectos prioritarios que se han acordado, entre otros, con la Taula del Tercer Sector, para este mismo año. Entre estos compromisos, que se anunciaron este jueves en el Palau de la Generalitat, se incluye la condonación de la deuda de las personas vulnerables con Endesa de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, 75 millones de euros en dos años para políticas de infancia o 25 millones de euros para el Pacte Nacional de la Salud Mental, entre otros.
Los nuevos presupuestos servirán para sacar adelante un nuevo convenio para financiar los servicios sociales básicos de las administraciones locales a través de los contratos programa. A través de este mecanismo, los Servicios Sociales municipales deberán hacer frente a problemas de su competencia, especialmente el sinhogarismo. Para este aspecto en concreto, Drets Socials ha reservado 30 millones de euros para este año y se ha comprometido con la Taula a aportar 45 más en 2027.
Más allá de la conselleria, el Govern destinará 3.640 millones de euros a medidas centradas en la Protección Social. Estos recursos servirán, entre otros, para aprobar y desplegar el Pacto Catalán contra las Violencias Machistas y consolidar el modelo Barnahus para atender a menores y adolescentes víctimas de violencias sexuales. El abordaje del sinhogarismo se llevará una nueva partida de 30 millones de euros. Para combatir la pobreza infantil, que ya afecta a casi 500.000 niños y niñas en Catalunya, Drets Socials pretenden destinar 20 millones de euros, muy por debajo de los 100 que pedía hace pocas semanas la Taula del Tercer Sector.
Las prioridades señaladas por la Generalitat también recogen la necesidad de reformar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) para facilitar el acceso a las personas que podrían beneficiarse de ella y hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital (que se gestiona desde el Gobierno central) y otras prestaciones. Actualmente, y tal como recuerda el Informe Social de Catalunya, el 66% de las personas que podrían optar al IMV no lo reciben, y el 82,9% de las que podrían acceder tanto al IMV como a la RGC no lo hacen.
Los presupuestos también deberán consolidar el refuerzo del sistema de protección del sistema de protección a la infancia. La Generalitat pone el acento en impulsar la desinstitucionalización de los menores protegidos de 0 a 6 años y un plan para atender los trastornos de la conducta.
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