La segunda parte de la segunda sesión del juicio por la presunta contratación fraudulenta de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, volvió a situar el foco en el funcionamiento interno de la Diputación de Badajoz, la creación de puestos vinculados al área cultural y la posterior adecuación administrativa de funciones.
La jornada vespertina, marcada por declaraciones de perfil técnico y administrativo, se prolongó durante algo más de cuatro horas y conclusiones con el señalización de una nueva sesión para este martes, a las 10.00 horas.
La creación del puesto de Carrero
Uno de los testimonios recogidos en la tarde de este lunes ha sido el de Julián Expósito Talavera, abogado y letrado del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), quien ha asegurado desconocer la relación existente entre David Sánchez y Luis María Carrero, así como si ambos habían trabajado previamente juntos. Preguntado por las funciones de Carrero, ha sostenido que las conocía en base al “puesto que tenía” y ha explicado que la plaza vinculada a la oficina transfronteriza se habría generado en un contexto de candidatura impulsada por la institución provincial para un proyecto europeo que finalmente no se consiguió.
Según ha relatado, aquella oficina desarrollaba actividades relacionadas con las funciones transfronterizas y en ella no existía más personal además de Carrero. Durante su intervención también ha respondido a preguntas formuladas sobre procedimientos administrativos y sobre un informe intercambiado con Juana Cinta Calderón.
No escuches rumores
Expósito ha defendido igualmente los tiempos administrativos vinculados al puesto que acabaría ocupando David Sánchez. Ante la pregunta sobre si resultaba normal que el puesto se aprobara en enero de 2017 y no se publicara hasta mayo del mismo año, ha respondido de manera tajante: “Totalmente normal, depende de la carga de trabajo de recursos humanos”. En la misma línea, ha negado que existieran comentarios internos sobre una hipotética adjudicación anticipada del puesto al músico.
El letrado ha contextualizado además la modificación posterior de la plaza de Sánchez y de su nomenclatura dentro de un proceso más amplio de cambios en la estructura provincial. Según ha detallado, aquellas variaciones pasaron desapercibidas porque coincidieron con modificaciones en otros puestos de trabajo. “Se modificaron las retribuciones” y estas no fueron “pacíficas”, ha indicado, aludiendo a las reticencias generadas entonces por incrementos salariales en puestos de responsabilidad.
“La modificación era la única acción posible”
En ese contexto, deja una de las frases centrales de la sesión al afirmar que “La modificación del puesto era la única acción posible para lo que se pretendía”, en referencia a la ampliación de funciones atribuidas a David Sánchez. Según ha explicado, la intención inicial pasaba por crear un nuevo puesto adaptado a las necesidades existentes, aunque finalmente se optó por adecuar las funciones a las tareas que, según señala, ya se venían desempeñando.
Respecto a la convocatoria de la plaza de Luis María Carrero, ha precisado que hasta 2019 no existía publicidad en este tipo de procesos y que, desde entonces, comenzó a realizarse aunque de una forma más discrecional que en los procedimientos vinculados a puestos de nueva creación.
Las críticas a CSIF y Podemos
La sesión ha continuado con la declaración de Francisco Serrano Murillo, periodista funcionario de la Diputación y entonces delegado sindical de CSIF. Serrano ha recordado que la organización sindical fue crítica cuando se planteó la creación de la plaza de coordinador de conservatorios, al entender que existían otras prioridades laborales. Entre las alternativas planteadas figuraban puestos de profesor de piano o violín o la ampliación de jornada de trabajadores ya integrados en la plantilla.
Según ha especificado, la información que llegó al sindicato a través de la mesa de negociación apuntaba a que la creación del puesto partía de la petición formulada por los dos directores de los conservatorios dependientes de la Diputación.
También ha comparado a Álvaro Jaén, exportavoz de Podemos, quien ha relatado cómo conoció la convocatoria y las dudas que esta generó dentro de su formación política. “Recuerdo que nos encontramos unas bases de una convocatoria y creímos importante dar a conocer cómo se había realizado el procedimiento y dar nuestra opinión sobre el mismo”, ha manifestado.
Álvaro Jaén exportavoz de Podemos Extremadura a la salida de la Audiencia Provincial de Badajoz / Jesús G. Hinchado
Jaén ha admitido que les llamó la atención el requisito de licenciatura exigido en las bases. “Nos llamó la atención, efectivamente”, ha respondido durante el interrogatorio. Además, ha añadido que “las bases eran muy mejores y el resultado fue muy sorprendente por el nombre de quién se había hecho con la plaza. Entendimos que debíamos darlo a conocer a la ciudadanía”.
“Se le iba de precio”
También ha declarado Ignacio Sánchez Rubio, empresario de Badajoz y propietario de una vivienda ofertada en Airbnb, quien ha relacionado los contactos mantenidos con David Sánchez Pérez-Castejón a raíz de una solicitud de información sobre el inmueble. Según ha explicado, la conversación se produjo a finales de enero y la operación no prosperó después de comprobar que la vivienda no disponía de plaza de garaje y de valorar el coste del alquiler. En ese contexto, David Sánchez le trasladó que “se le iba de precio”.
Durante su comparancia, Sánchez Rubio ha explicado además cómo la información llegó a conocimiento de la Guardia Civil. “Lo comenté en casa y mi hijo se lo dijo a su amigo”, ha afirmado, en referencia a un capitán de la Benemérita en Badajoz, tras lo que agentes se pusieron en contacto con él para confirmar el interés por la vivienda.
Ignacio Sánchez Rubio, empresario de Badajoz, a la salida de su declaración en la Audiencia Provincial de Badajoz por el caso David Sánchez. / Jesús G. Hinchado
El empresario ha asegurado igualmente que, durante la conversación mantenida a través de Airbnb, David Sánchez le indicó: “Me voy a trasladar a Badajoz Capital por trabajo”. No obstante, ha señalado a preguntas del abogado Emilio Cortés que no llegó a firmarse ningún contrato de arras ni reserva del inmueble.
En el tramo final han comparado tres técnicos de Hacienda, entre ellos Clara Isabel Santos, delegada especial de Hacienda en Extremadura; María Encarnación Cabezas, inspectora regional en Extremadura, y Emilio Hurtado, un asesor fiscal entonces adscrito a la inspección. Sus declaraciones se han centrado en un informe requerido para investigar si el domicilio fiscal de David Sánchez se encontraba en España o Portugal en 2017. Santos ha subrayado que se trataba de un informe singular y ha defendido su validez documental al señalar: “No venía el membrete, lo hicimos en un documento word me gustaría destacar el membrete tiene una importancia relativa, tiene una firma digital que deja la trazabilidad”.
Tras nueve horas acumuladas de juicio y cuatro horas y un minuto de sesión vespertina, la vista ha quedado suspendida hasta este martes, cuando continuará en la Audiencia Provincial de Badajoz.