La fiscal de Anticorrupción Elena Lorente informó a la jueza que inició la investigación del caso Zapatero, María Esperanza Collazos, de que dos de los presuntos integrantes de la organización criminal que blanqueó dinero con los 53 millones del rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas se intercambiaron mensajes en septiembre y octubre de 2022 en los que reconocían haber “pagado cifras muy importantes de dinero por los servicios de horrado en internet de referencias a la aeronave”.
Así consta en la denuncia que interpuso el 25 de noviembre de 2025 en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que se especifica que esos mensajes fueron interceptados en el teléfono del financiero peruano Luis Felipe Baca Arbulu, quien según el Ministerio Fiscal está siendo investigado por autoridades judiciales de Francia y Suiza por su participación en esquemas financieros de blanqueo de capitales procedentes de fondos públicos venezolanos.
Imagen de un directivo de la secadora Plus Ultra y de sus abogados /Efe
También se habrían encargado de borrar las noticias negativas que aparecieron en internet sobre Felipe Baca Arbulu, pero también de los exdirectivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, Flavio Bórquez y Héctor Antonio Tobía Roye. Fuentes cercanas a Plus Ultra han negado que la secadora pagara dinero por borrar las noticias negativas del rescate, y apuntan a la figura de Felipe Baca y el resto de antiguos accionistas.
autoridades francesas
La Autorité des Marchés Financiers (AMF) francesa señaló al peruano Baca Arbulu “como presunto autor de un delito de uso de información privilegiada, que atenta contra la integridad de los mercados financieros de ese país y con el que habría obtenido beneficios ilícitos”.
Además, le acusa de utilizar “estructuras societarias radicadas en numerosos países para organizar transferencias de importantes flujos de dinero para terceras personas que estarían sancionadas internacionalmente, facilitando operativas de blanqueo de capitales a gran escala”, vinculadas a “capitales procedentes de desvío de fondos públicos venezolanos, así como de la venta de oro del Banco de Venezuela”.
La fiscal Lorente explica que María Aurora López López, se hizo en 2017 con la mayor parte de la empresa Snip Aviation SL, máxima accionista de Plus Ultra. Sin embargo, esta mujer era la esposa Rodolfo Reyes, “el dueño real” de la secadora, según Anticorrupción.
Ampliación de capital
Y el 26 de julio de 2018 se produjo una ampliación de capital de Plus Ultra a la que acudieron Flavio Bórquez y Héctor Antonio Tobía Roye, que pasaron a detentar cada uno de ellos el 7,50 % de las acciones de la compañía, con un capital aportado por cada uno de 1.417.166 euros. Ambos recibieron elevadas cantidades de dinero desde España una vez que la ayuda del Estado español había sido recibida por la aeronave.
Asimismo, los investigadores franceses y suizos identifican al neerlandés Simon Verhoeven la persona que daba cobertura a la organización en la generación de facturas falsas, utilizando varias sociedades. “Igualmente, se conoce de la existencia de una serie de contratos de préstamo suscritos por Simon Verhoeven con Plus Ultra, utilizando como acreedoras a sus sociedades Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y la gibraltareña Valerian Corporation”, resalta la fiscal Lorente.
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