El papel de Gaspar Zarrías gana peso en la trama Leire. El exvicepresidente de la Junta de Andalucía durante la etapa de Manuel Chaves no sólo habría financiado la actividad presuntamente criminal de Leire Díez, emitiendo facturas falsas a través de su empresa, según el sumario del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El histórico dirigente andaluz, imputado en esta causa, también aportó información detallada sobre el caso de los ERE. En concreto, siempre según la información del sumario, la primera labor de Zarrías consistió en facilitar a la trama la identidad de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que declararon en el macrojuicio por corrupción que instruyó la jueza Mercedes Alaya. Un caso por el que Zarrías fue condenado en 2022 por el Tribunal Supremo a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada, una condena que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente en 2024.
El informe de la UCO apunta a que la trama comenzó su actividad presuntamente criminal con la carta a la ciudadanía publicada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, tras la primera imputación de su esposa, Begoña Gómez, en abril de 2024. Ahí empezaron los movimientos de Díez, que comenzó su actividad con una reunión en la sede del PSOE con el entonces adjunto al Gabinete de Sánchez, Antonio Hernando -hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones-; además del expresidente de Correos y exdirector de Gabinete de Sánchez hasta que llegó a la Moncloa, Juanma Serrano; el por aquel momento secretario de Organización, Santos Cerdán; su ‘número dos’, el diputado Juanfran Serrano; y el entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, además del empresario investigado Javier Pérez Dolset. Aquella primera reunión se celebró el 26 de abril de 2024 a las 9.30 horas, según los mensajes intervenidos por la UCO, en pleno período de reflexión del presidente sólo dos días después de su carta.
Después de este encuentro, la trama comenzó a activarse, en su labor de maniobrar para desacreditar a la justicia y tratar de desactivar causas judiciales. Díez legó a comentar la receptividad de Sánchez en sus planteamientos al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, también imputado. “El presidente de Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”, comentó Díez en una conversación intervenida el 30 de abril de ese mes, cuatro días después de la reunión, afirmando “sentirse útil”. Citaba expresamente la entrevista en RTVE que concedió Sánchez tras su periodo de reflexión, en la que hizo mención a la “maquinaria del fango”.
“Ha habido una movilización que se ha producido como consecuencia de la carta y muchos ciudadanos han decidido decir basta ante la maquinaria del fango”, señaló Sánchez en aquella entrevista. Díez también comentó que el presidente hizo referencia a “la policía patriótica y tal”, en referencia a las palabras del presidente, que en el plató de La 1 aseguró que “desde 2014 yo he sigo objeto de esa mal llamada policía patriótica. He sido una víctima más”.
El informe de la UCO establece que a partir de ese momento “habrían comenzado a actuar de forma conjunta, con un propósito común y bajo una serie de jerarquías, sumando otras personas en función de las necesidades del grupo”. Y una de las primeras incorporaciones fue precisamente la de Zarrías, a quien incorporaron un mes después “los asuntos de carácter jurídico que esta actividad desarrollaba”. “Va a estar pendiente de los temas jurídicos”, escribió Díez a Juanma Serrano el 21 de mayo de 2024, planteando una reunión con él.
Zarrías, encargado jurídico
Los investigadores apuntan a que “se ha podido constatar cómo, en los días posteriores, ZARRIAS puso en conocimiento de LEIRE varios agentes de la Guardia Civil, tanto de manera nominativa como a través de sus TIPS, en este último caso en relación con aquellos que habían prestado declaración en el juicio del caso “ERE”. La UCO concreta así su participación en ese intento de señalización y persecución de los investigadores de las causas que afectaban al PSOE o al Gobierno.
El 25 de mayo, Zarrías envió a Díez varios mensajes donde daba cuenta de la identidad de los agentes, señalando que “el de la Guardia Civil de la UCO es Antonio Balas”, en referencia al jefe de delincuencia económica que también investiga asuntos que afectan al Ejecutivo y al que la trama buscaba desactivar, llegando a ofrecer acuerdos con la Fiscalía, sobornos y extorsiones a cambio de información para desacreditarle. Además, envió otro mensaje advirtiendo de que “estos son los UCOS que declararon en el juicio”, y facilitando el código de identificación de cuatro agentes implicados.
La trama también se fijó como objetivo a la juez Mercedes Alaya, que se dirigió tanto al caso de los ERE como al caso Aznalcóllar, por el que resultó imputado Fernández, que tuvo que dimitir de la SEPI tras la imputación y que fue posteriormente absuelto.
El sumario del juez Pedraz también apunta a Zarrías como la persona interpuesta a través de la que el PSOE pagaba a Díez, en un caso por el que está también imputada la gerente del partido, Ana María Fuentes. Así, la empresa Zaño Sociedad Consultores SL, propiedad de Zarrías, se habría convertido en la sociedad utilizada por la organización para “canalizar parte de la remuneración” que se abonaba a la fontanera del PSOE por los servicios prestados.
Zarrías, según el sumario, habría contratado a Leire Díez de forma “instrumental” y “habría simulado mantener una relación laboral” con la misma durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2024. Así, la empresa de Zarrías le abonó 6.000 euros brutos mensuales -4.000 euros netos- durante cuatro meses. Es decir, 24.000 euros brutos en total, según las facturas incluidas en el sumario. Además, Díez recibió remuneración a través del abogado de Koldo García, Ismael Oliver. En el sumario se incluyen dos facturas de 27.225 euros cada una a través de la empresa de Oliver. En el transcurso del registro en el domicilio de Zarrías, en la calle Doctor Esquerdo de Madrid, los agentes de la UCO encontraron unos fajos de billetes en el interior de un bolso negro que había dentro de un baúl en el salón. En total, casi 20.000 euros de dinero en efectivo.
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