ANÁLISIS DE NEWSDESK DE EBM: Nick Staunton, editor en jefe
Una disputa sobre energías renovables que dura una década ha chocado con el evento deportivo más grande del mundo. Los acreedores tienen como objetivo al proveedor de equipaciones de España, su proveedor de logística y su hotel de equipo. La factura asciende ahora a 2.300 millones de euros.
España llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como uno de los equipos más queridos del torneo. También llegó con algo que ninguna otra nación competidora trajo a América del Norte: un problema de acreedores. Los inversores que tienen laudos arbitrales internacionales vinculantes contra el Estado español han identificado la Copa del Mundo como una oportunidad de ejecución, apuntando a los activos españoles en suelo estadounidense en un intento de recuperar una compensación que Madrid se ha negado a pagar durante más de una década.
El demandante principal es Blasket Renewable Investments, un fondo que adquirió reclamaciones derivadas de los recortes retroactivos de España a los subsidios a las energías renovables introducidos entre 2012 y 2014 durante el gobierno del primer ministro Mariano Rajoy. Blasket ha presentado múltiples solicitudes ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, buscando identificar y embargar activos estatales españoles dentro de la jurisdicción estadounidense. La selección nacional de fútbol está explícitamente en su punto de mira.
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El origen de la disputa
La saga legal se remonta al auge de la energía solar en España a mediados de la década de 2000. El gobierno, que opera bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía, un marco multilateral de protección de inversiones firmado por 53 países, ofreció generosos subsidios para incentivar el desarrollo de energías renovables. Inversores de toda Europa y más allá comprometieron miles de millones sobre la base de esas garantías. Entonces llegó la crisis financiera de 2008. Entre 2012 y 2014, Madrid desmanteló retrospectivamente el marco de subsidios, citando presión fiscal. Los inversores que habían construido modelos de negocio en torno a los rendimientos garantizados fueron eliminados sin compensación.
La resultante ola de demandas de arbitraje contra España en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía se convirtió en una de las mayores disputas entre inversores y Estados de la historia. Veintisiete inversores afectados han acumulado 1.754 millones de euros en indemnizaciones pendientes, más 297,6 millones de euros en intereses de demora y 238,7 millones de euros en costas judiciales. La factura total asciende ahora a 2.292 millones de euros. España no ha pagado prácticamente nada de ello.
A qué se dirigen los acreedores
La táctica del Mundial es metódica. Los acreedores han realizado búsquedas detalladas de las relaciones comerciales que mantienen la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes de cara al torneo. El objetivo es identificar contrapartes con sede en Estados Unidos que tengan fondos adeudados a entidades estatales españolas y luego interceptar esos pagos antes de que lleguen a Madrid.
Los objetivos identificados incluyen Adidas, el proveedor de equipaciones de España; Rock-it Cargo, el proveedor de logística del equipo; y Hilton Hotels, propietario del establecimiento Embassy Suites en Chattanooga, Tennessee, donde tiene su sede la selección española durante la fase de grupos. Cada una de estas sociedades tiene obligaciones comerciales con organismos estatales o paraestatales españoles. Cada uno representa un posible punto de incautación de activos.
Se trata de una estrategia de aplicación de la ley inusual: utilizar la huella logística de un equipo nacional de fútbol como mapa de activos recuperables. Pero refleja el patrón más amplio de comportamiento de los acreedores en esta disputa. Como España se niega sistemáticamente a cumplir con sus obligaciones a través de los canales normales, los inversores se han visto obligados a recurrir a un arbitraje jurisdiccional creativo: apoderarse de los ingresos del control del tráfico aéreo en Bélgica, perseguir embargos de propiedades en Australia y ahora apuntar a la infraestructura de la Copa Mundial en Estados Unidos.
La dimensión de la UE
El panorama jurídico se complica por una intervención de la Comisión Europea. Cuando Blasket Renewables intentó hacer cumplir su laudo ante los tribunales estadounidenses, la Comisión presentó un escrito argumentando que España legalmente no puede pagar. Bruselas sostiene que compensar a los inversores por las pérdidas derivadas del retiro del plan de subsidios de 2007 constituiría una ayuda estatal ilegal según la legislación de la UE, argumentando efectivamente que cumplir un laudo arbitral internacional vinculante está prohibido por las normas europeas de competencia.
Los inversores y sus abogados han rechazado ese argumento. Sostienen que los pagos no son subsidios sino una compensación legal por un incumplimiento de un tratado, una categoría legal fundamentalmente diferente. El choque expone una tensión estructural más profunda entre el arbitraje internacional de inversiones y el orden jurídico interno de la UE. España está utilizando Bruselas como escudo procesal. De hecho, la Comisión está ayudando a un Estado miembro a evitar el pago de deudas que los tribunales internacionales han dictaminado que debe.
La posición nada envidiable de España
La magnitud del incumplimiento de España es sorprendente en un contexto comparativo. España ahora tiene más deudas de arbitraje internacional que cualquier país del mundo, excepto Rusia y Venezuela, dos estados que operan en gran medida fuera del orden legal occidental. Para una economía de la eurozona y un miembro de la OTAN que busca inversión extranjera directa, el daño a la reputación de estar junto a esos dos en cualquier tabla de clasificación es significativo.
La ironía de la energía renovable no pasa desapercibida para los observadores. El actual gobierno de España ha hecho de la transición verde un compromiso político decisivo. Al mismo tiempo, se niega a pagar a los inversores que financiaron la generación anterior de infraestructura renovable española: las plantas solares que se construyeron de buena fe con garantías gubernamentales y luego fueron despojadas de sus rendimientos cuando las prioridades políticas cambiaron.
Los acreedores que persiguen el acuerdo de equipamiento de España y las facturas de hotel ante los tribunales federales de Estados Unidos no están presentando ningún argumento moral. Están adoptando una decisión legal, y los tribunales que la han conocido han fallado sistemáticamente a su favor. Ya sea que la selección española de fútbol levante la Copa del Mundo este julio, la factura de 2.300 millones de euros todavía estará esperando en Madrid cuando el equipo aterrice en casa.
“Los acreedores han apuntado a Adidas, el proveedor de equipaciones de España, su proveedor de logística y su hotel de equipo en Tennessee. La factura total pendiente es de 2.300 millones de euros. España no ha pagado prácticamente nada”.
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