Varapalo del Constitucional al Govern de Marga Prohens (PP) y sus aliados de Vox. El Alto Tribunal ha suspendido la ley que derogó la anterior ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares en marzo de 2026. El PP y Vox tumbaron definitivamente la normativa el pasado 10 de marzo en el Parlament balear, dando cumplimiento al acuerdo alcanzado un año antes entre los populares y el partido de ultraderecha de Santiago Abascal para aprobar los presupuestos. Ese día, cerca de 200 personas protestaron a las puertas de la Cámara balear y denunciaron “una pérdida de derechos humanos” para los ciudadanos de las islas, mientras el diputado de Vox del Congreso de los Diputados, Jorge Campos, se burló de los manifestantes.
La suspensión acordada este mediodía por el Constitucional de la derogación promovida por las formaciones de derechas implica que sigue vigente la anterior ley de Memoria Histórica que aprobó el Pacto de izquierdas en el archipiélago en abril de 2018.
La noticia tiene una gran trascendencia política e ideológica en las islas. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido hoy a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley 1/2026, de 24 de marzo, de derogación de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears.
El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su demanda el artículo 161.2 de la Constitución, ha acordado suspender la vigencia y aplicación de la ley impugnada, desde la fecha de interposición del recurso (9 de junio de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
El Presidente del Gobierno plantea que la citada norma podría ser contraria a los artículos 15 y 10.1 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, el demandante sostiene que la ley impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 CE, así como el principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas.
Finalmente, en el recurso se alega que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y deinterdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
Gabriel Le Senne
Esta decisión del Constitucional se conoce cuando precisamente hoy el Pleno del Tribunal también estaba deliberando sobre el recurso de amparo que formularon las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa, quienes consideran, igual que la Fiscalía del Constitucional, que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, vulneró derechos fundamentales cuando las expulsó de la Cámara tras romper la fotografía de Aurora Picornell y de las hermanas Antònia y Maria Pascual Flaquer, conocidas como Les Roges del Molinar, iconos de la represión franquista en Mallorca, en el pleno del pasado 18 de junio de 2024 en el que se debatía la derogación de la ley de Memoria Histórica de Baleares. Fue la primera vez en la historia de la Cámara que se produjo una expulsión de diputados. Sin embargo, meses más tarde, el 15 de octubre de 2024, Le Senne volvió a echar a Garrido y Costa por vestir una camiseta con la imagen de Les Roges del Molinar. De nuevo, ambas interpusieron otro recurso de amparo, que fue admitido por el Constitucional.
El Tribunal todavía no se ha pronunciado sobre la expulsión de las diputadas socialistas y también miembros de la Mesa del Parlament del 18 de junio de 2024 y su deliberación previsiblemente se conocerá mañana miércoles o bien el jueves.
Hoy ha trascendido que los magistrados han admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno contra la derogación de la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares, en la línea de otras leyes autonómicas sobre el mismo asunto, como las aprobadas en Aragón, Cantabria o Comunidad Valenciana, impugnadas también ante el Constitucional.
El Gobierno recurrió la norma a fin de evitar la vulneración de los derechos de las víctimas que se deriva de la derogación. El Ejecutivo cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que apreció que la ley vulnera el deber de colaboración que les corresponde a las comunidades autónomas para el cumplimiento de la ley 20/2022 de Memoria Democrática, de conformidad con el artículo 149.1.1 de la Constitución.
Según el recurso de inconstitucionalidad, la ley impugnada, como las de Aragón, Cantabria o la Comunidad Valenciana, trata de mantener las exhumaciones exclusivamente en relación con las víctimas que se hayan producido de conformidad con la ley 20/2022 de Memoria Democrática, pero no el derecho a la verdad (a conocer lo que ocurrió), derecho a la reparación pública (tanto material como moral) y derecho de garantías de no repetición, iendo a través de esta reparación pública y de la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo.
El estatuto jurídico público de las víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos está establecido a nivel internacional con carácter general y se establece con este contenido en los documentos propios de Naciones Unidas, y así ha sido aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en distintos instrumentos que recogen el acuerdo de impugnación.
Sin embargo, ya pesar de que se establecieron también estos derechos en la ley estatal 20/2022, de Memoria Democrática, estas leyes autonómicas de concordia están derogando las leyes autonómicas que reconocían y garantizaban estos derechos (derecho a la verdad, reparación pública y garantías de no repetición), según el demandante. Estas leyes autonómicas, además, extinguen los órganos administrativos que se habían creado para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, que son necesarios a este efecto, y extinguen igualmente los procedimientos en curso que no se refieran exclusivamente a las exhumaciones.
Por ello, el Gobierno considera que se han vulnerado los artículos 10 y 15 de la Constitución en relación con la dignidad de las personas y su integridad moral, así como la propia ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática.
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