El Gobierno confiaba una sentencia “positiva” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía y ha visto cumplidas todas sus expectativas. El fallo dictamina que la ley de amnistía es una norma compatible con el derecho comunitario, en línea con las tesis defendidas hace un año por el abogado general de la UE. Ahora, el Tribunal Constitucional deberá resolver los recursos de amparo, con un dictamen previsiblemente favorable, y será el Tribunal Supremo el que deba acatar la norma en un nuevo fallo.
Desde el Ejecutivo esperaban este aval para poder cumplir sus compromisos de investidura con los independentistas y avanzar en “convivencia y normalización” para pasar página del procés. La aplicación total de la amnistía, cuando lo dictaminen ahora los tribunales españoles, supondrá el levantamiento de las órdenes de detención para Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, además de eliminar las penas de inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados por malversación, un delito que el Supremo rechazó amnistiar.
Suscríbete para seguir leyendo