Un final de la guerra como quien no quiere la cosa. El juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, en una orientación acordada internamente en la Sala Penal después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), suelta, en diálogo ‘distendido’ con medios de comunicación este 10 de septiembre, durante el acto de apertura de los tribunales, que, si el Tribunal Constitucional (TC) concede el amparo a Jordi Turull por el delito de malversación, la Sala Penal evaluará si la doctrina del TC es extensible a los otros seis recurrentes (Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín, Lluís Puig y Carles Puigdemont) y en tal caso la aplicar para todos. El asunto de la malversación afecta a los siete.
Ya el expresidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, el virtual comandante en jefe de la guerra contra la ley de amnistía, que nunca ha ocultado su vocación periodística, más precisamente de columnista, había anticipado el ‘scoop’ a algunos empresarios catalanes. El Supremo no desea prorrogar la guerra.
Esta orientación comenzó a plasmarse tras la sentencia del TJUE con la aplicación tardía de la amnistía a la consejera Meritxell Serret, sin explicación del retraso de un año desde que el TC dictó su primera resolución a favor de la constitucionalidad de la ley de amnistía y solo después de que emitiera 20 sentencias.
Después de esta filtración de Llarena en el acto de este jueves, disfrazada de “fuentes jurídicas” —el fiscal general del Estado fue condenado por filtrar él o su entorno el célebre correo del abogado de Alberto González Amador, entonces pareja de Isabel Díaz Ayuso—, ¿qué escaramuzas quedan en la guerra de la amnistía?
La de Macías, la ponente en el recurso de amparo de Jordi Turull. Macías será el último de Filipinas, con la diferencia de que él sí sabe que la Sala Penal del Supremo ha decidido optar por la paz.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, dijo el pasado 31 de agosto: “Una vez que nosotros hayamos establecido esa interpretación [recurso de Turull]entendemos que el propio Supremo puede, si lo tiene a bien, aplicarla, o, si no, pues tendremos que ser nosotros los que vayamos dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos”.
Marchena y Llarena ya estaban en esa longitud de onda. Y ahora toca a Macías ser el último resistente.
Macías, Llarena y el extinto Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado número 13 de Barcelona —el caballo de Troya del ‘procés’—, formaron, hasta el fallecimiento de este último, en noviembre de 2018, un virtual trío de la bencina.
El 22 de septiembre, Macías llevará su ponencia desestimatoria del recurso de amparo de Turull. La mayoría progresista, emparentada con los votos particulares de la magistrada Ana Ferrer contra la doctrina Marchena-Llarena sobre la malversación, tumbará la ponencia.
Macías puede entonces ceder la ponencia. Pero la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional puede llevarle a ofrecerse para hacer él mismo la sentencia de mayoría del tribunal, estimatoria del recurso de Turull, además, obvio es, de su voto particular. Aunque esto suene extraño, y lo es, ocurre, y no pocas veces. En estos casos, el voto particular es más brillante que la sentencia estimatoria.
Marchena y Llarena se han rendido después del TJUE. La sentencia sobre Turull tiene que desarrollar la semilla de la “ficción jurídica” y la “entelequia” del enriquecimiento ya plantada por la magistrada Ferrer.
Puigdemont, pues, está de camino. La derecha política y mediática aprovechará el retorno para revivir y desgastar aún más a Pedro Sánchez por la amnistía antipatriótica, al tiempo que Marchena y Llarena le quitan una patata caliente a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP puede incluso alardear de que ha sido él quien lo ha conseguido, un argumento que Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, no tendrá problema alguno en suscribirse.
A partir de mediados de octubre, pues, sería razonable que, anulada la orden de arresto, y archivada la causa el ‘expresident’ concreta su ya retorno organizado.
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