El gobierno español ha propuesto un nuevo anteproyecto de ley que pretende regular la afluencia de nuevos centros de datos y obligar a empresas como Meta, Amazon Web Services, Blackstone y Google a generar su propia energía.
En los últimos años, algunos de los nombres más importantes de la industria tecnológica han anunciado planes para construir enormes centros de datos en lo que se denomina la ‘España vacía’, aprovechando estas vastas extensiones de terreno disponibles en un país con una sólida conectividad a Internet de fibra óptica y energía renovable a precios competitivos.
Si bien el gobierno de Pedro Sánchez está a favor de proyectos que coloquen a España a la vanguardia de la tecnología de inteligencia artificial, no quiere que las grandes tecnológicas agoten los recursos del país o trasladen los costos al público español.
Después de todo, los centros de datos de hiperescala preexistentes operados por empresas como Google o Amazon Web Services consumen continuamente entre 20 y 100 megavatios (MW) de energía, suficiente para alimentar hasta 80.000 hogares.
Como resultado, el gobierno español ha presentado un nuevo proyecto de ley -que se espera sea aprobado en octubre- que establece que si una empresa de tecnología quiere establecer un centro de datos en el país, tendrá que venir preparada con su propio suministro de energía.
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Red Eléctrica, que gestiona la red nacional, informa que el consumo de los centros de datos ya operativos ha registrado un crecimiento interanual superior al 75 por ciento en algunos meses.
Esto se está convirtiendo en un problema en un país que sufrió un apagón nacional en 2025.
Si los centros de datos necesitan más redes de distribución de electricidad y más centrales eléctricas, esto no sólo podría ejercer más presión sobre la red, sino que también podría hacer que parte de ese coste se traspasara a los hogares españoles, como ha ocurrido en Estados Unidos.
El nuevo Real Decreto presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica pretende evitarlo. Se trata de centros de datos que acceden a una potencia de al menos 1 MW y les exige cubrir el 80 por ciento de su consumo mediante acuerdos de autoconsumo renovable o de compra de energía vinculados a instalaciones españolas de energías renovables.
Además, estas instalaciones deberán ser nuevas y estar puestas en funcionamiento con un máximo de 18 meses de antelación a su entrada en funcionamiento.
Las empresas tecnológicas globales, como era de esperar, no están contentas con este nuevo proyecto de ley y afirman que España está cambiando las reglas a mitad del proceso.
El punto más controvertido que lamentan la mayoría de los grandes actores tecnológicos es que el 80 por ciento de la electricidad consumida por el centro de datos debe estar respaldada por electricidad renovable generada durante esa misma hora.
El problema para estas empresas tecnológicas es que los centros de datos funcionan las 24 horas del día, pero el sol no brilla todo el tiempo y el viento tampoco sopla todo el tiempo.
La industria argumenta que cumplir con esta condición encarecería mucho algunos proyectos o simplemente no sería financieramente viable.
Emilio Díaz, presidente de la Asociación Española de Centros de Datos ha exigido al Gobierno que ponga freno a la normativa elaborada “a espaldas del sector” y ha propuesto en su lugar una reforma basada en el diálogo.
Según Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación, la normativa pone en riesgo unos 9.000 millones de euros en proyectos de inversión y también pone en riesgo 16.000 puestos de trabajo.
Tres grandes promotoras ya han advertido que las abandonarán si se aprueba el reglamento.
Villacís advierte de que las barreras regulatorias del decreto provocarán que los proyectos migren a países cercanos como Portugal.
Expertos del sector y empresas afirman que el decreto del Ministerio para la Transición Ecológica sienta un mal precedente que hace que España sea menos atractiva como destino para las empresas extranjeras.
A pesar de esto, el gobierno español se mantiene firme, con la esperanza de evitar que estos centros de datos saturen la red y provoquen un aumento vertiginoso en las facturas de electricidad.
También están las gigantescas cantidades de agua que los centros de datos necesitan para funcionar y que deben tenerse en cuenta, o que un estudio reciente de la Universidad de Cambridge encontró que tales instalaciones conducen a cúpulas de calor en áreas cercanas.
Estos son otros dos riesgos que sin duda también serán motivo de gran preocupación para España a medida que se abre camino en un mundo en rápido cambio e influenciado por la IA.