Normalmente, el proceso de España implica una “solicitud de intención”, seguida de un período de consulta pública de 20 días. Durante este tiempo, otros interesados pueden presentar propuestas para el mismo sitio. Sin embargo, Bruselas sostiene que este sistema no cumple con los estándares competitivos y transparentes que espera la legislación de la UE.
Al gobierno español se le han dado dos meses para abordar el problema o correr el riesgo de enfrentar sanciones. De no resolverse, el caso pasará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determinará la legalidad de las prácticas concesionales del país.
La controversia ha generado malestar entre la comunidad empresarial costera y la industria turística de España, que dependen en gran medida del atractivo de los chiringuitos para atraer visitantes. La resolución de este problema no sólo afectará los medios de vida de miles de comerciantes playeros, sino que también influirá en el tejido cultural y económico de las regiones costeras de España.