La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, afirmó que esta nueva normativa “no tiene en cuenta la realidad del sector” y “obliga a las empresas a afrontar una carga administrativa y tecnológica excesivalo que podría tener un impacto directo en la competitividad del turismo mallorquín”. Riera también destacó que el decreto se ha “impuesto sin diálogo” y sin consulta suficiente a las empresas afectadas.
Además, la portavoz ha denunciado la “falta de preparación técnica” para la aplicación del decreto, lo que, según ella, ha provocado un “auténtico caos operativo”. Una situación, afirman, agravada por la “inacción” del Gobierno central, que “no ha atendido las peticiones de las distintas asociaciones del sector ni ha abierto canales de comunicación efectivos con los afectados”.
Esto, según Riera, “perjudica especialmente a aquellas empresas más pequeñas, que tienen menos recursos para asumir nuevos costes y requisitos legales”. El La regulación tiene como objetivo reforzar la seguridad pública y prevenir la delincuencia.pero ha generado un amplio debate por el fuerte impacto que tiene en la privacidad de los usuarios y los costes de gestión para los empresarios. A juicio de Riera, esta norma, “aprobada sin ningún consenso con el empresariado”, es “desproporcionada” y debe ser derogada de inmediato.
