El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dejado clara su oposición al acuerdo entre el Gobierno y Junts para delegar las competencias en inmigración a Cataluña. Un pacto que ha tildado de “ultraderecha” por partir, según ha advertido, de un “planteamiento absolutamente racista”. El barón díscolo ha elevado el tono contra la dirección de su partido y Pedro Sánchez al recriminar que este pacto se aleja de los valores socialistas y que se debe a la máxima de “gobernar a cualquier precio”. “Me abochorno como socialista, como ciudadano y como demócrata”, ha concluido durante su intervención en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha
García-Page no solo ha anticipado que se opondrá desde su posición de presidente autonómico y barón socialista, sino que incluso ha deslizado la posibilidad de dar un paso adelante para defender lo que considera los valores de su partido a nivel orgánico. Todo ello desde la reflexión de que “va a ser difícil que aguante la legislatura”. También ha criticado que se tomen decisiones “estratégicas de país” sin consultar a la ciudadanía.
Según recoge el texto de la proposición de ley presentada por socialistas y posconvergentes en el Congreso, los Mossos “ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y de explotación de seres humanos”. En manos de la Generalitat quedará también los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El gobierno vasco gestiona la acogida de refugiados, pero no los CIE.
En lo referente a las contrataciones en origen, será la Generalitat quien determine “los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros”. Esto es, “establecer la previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, en relación a las necesidades de Catalunya”.
Al contrario que con la ley de amnistía, PSOE y Junts han acordado una tramitación ordinaria de la ley que registraron conjuntamente en el Congreso. Un largo camino hasta su aprobación, siempre que se reúna la mayoría absoluta necesaria para una ley orgánica, en el que Junts dependerá de la continuidad del Gobierno para materializar este compromiso. En el Ejecutivo confían así en reducir la inestabilidad, aun sin nuevas cuentas, tras un paso que, dicen, “demuestra que es posible llegar a acuerdos”.
En lo que se muestran más confiados los socialistas es en recomponer la relación con Junts. Con la ley de inmigración en el horizonte, como en su momento con la medida de gracia, aumenta la seguridad de que enfrente no hay alternativa y que Junts no forzará un adelanto electoral o cambio de Gobierno con PP y Vox. Sin poder institucional ni en la Generalitat ni en ninguna de las grandes ciudades, su principal palanca política sigue siendo la influencia de sus siete votos imprescindibles para Sánchez en el Congreso.
El ‘expresident’ Carles Puigdemont rechazó mezclar la carpeta de los Presupuestos con este acuerdo para la delegación de competencias en inmigración, pero sí concedió que la desconfianza de Junts hacia el PSOE había “disminuido”. “No está restaurada del todo”, advirtió, aun apuntando que se habían dado “pasos importantes en esta dirección”.