Un año después de su fugaz aparición en Barcelona, Junts ya no hace cábalas sobre cuándo podrá regresar definitivamente Carles Puigdemont a Catalunya. Antes de Semana Santa, varios miembros del partido lo veían posible durante el verano, pero la realidad se ha vuelto a imponer y ya nadie se atreve a apostar por una fecha en el calendario. Tampoco Puigdemont hizo ninguna referencia a ello en el acto que celebró a finales de julio en Prats de Molló (Francia), cuando estuvo de nuevo a pocos kilómetros de la frontera. “No tenemos previsiones”, reconocen fuentes de su entorno. Su futuro judicial está en manos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El TC es quien tiene ahora la patata caliente. Después de declarar constitucional la ley de amnistía, la defensa del líder de Junts -y también del exconseller Toni Comín, que se encuentra en la misma situación judicial- hizo dos peticiones a la sala presidida por Cándido Conde-Pumpido. Por un lado, presentó un recurso de amparo para que se le aplique la amnistía que el Supremo le ha denegado, un paso que también han hecho el resto de miembros del Govern de 2017 que siguen inhabilitados, como Oriol Junqueras y Jordi Turull. Y, por otro lado, registró una petición de medidas cautelarísimas para que se levante la orden de detención que pesa sobre él. El tribunal decidió dejar la decisión para después de las vacaciones de verano.
No es la primera vez que la resolución sobre unas medidas cautelares se alarga en el tiempo. Sin ir más lejos, Junqueras y Turull hicieron una petición similar a finales de 2024 para que su inhabilitación quedara en nada, que aún está pendiente de resolverse, pero sobre la cual la Fiscalía ya se ha opuesto. El ministerio público considera que esto puede suponer “una anticipación del fallo” del recurso de amparo y alega que no hay una convocatoria electoral a la vista que pueda justificar la urgencia. Este argumento podría ser válido también para el caso de Puigdemont y Comín -así como de Lluís Puig-, aunque su situación es algo diferente porque estos dos tienen una orden de detención vigente en España y no participan en el Parlament ni en la Eurocámara, pese a haber obtenido su escaño, recuerdan desde su entorno.
El Presidente Del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, I Els Magistrats Que Formen El Ple. | Marta Fernández / Europa Press / .
Así las cosas, el TC podría denegar las cautelares o dejarlas en suspenso a la espera del fallo sobre el recurso de amparo. Pero antes de llegar a este escenario, los magistrados del Constitucional deben resolver todos los recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por distintos tribunales. “Debería hacerse de forma rápida y sin debate, con un copia y pega de la sentencia de junio (cuando el tribunal declaró constitucional la ley)”, afirma otro de los dirigentes de Junts consultados por EL PERIÓDICO, que asegura que hay una “probabilidad moderadamente alta” de que el TC cierre toda la carpeta de la amnistía -incluidos los recursos de amparo de todos los exlíderes del ‘procés’- antes de acabar el año.
La renovación del TC
Pero en todo este calendario aún hay otra derivada: la renovación parcial del TC. Conde-Pumpido ha activado ya el mecanismo para su relevo, y el de otros tres magistrados, previsto para finales de 2025. Esto podría alterar la composición actual del tribunal -con siete progresistas y cinco conservadores, y deben renovarse dos de cada bando- o dejar el tribunal en una situación de interinidad con mandatos caducados, como pasó antes del último cambio. Y, ¿cómo podría afectar esta situación al regreso de Puigdemont? En Junts hay distintas opiniones al respecto.
“No tendría que influir si hacen lo que toca y no se duermen”, afirma uno de los principales colaboradores del expresident, aunque admite que no confía en la justicia española. “Siempre esperamos lo peor, porque para lo mejor ya estamos preparados”, añade, a modo de resumen. Otro de los principales escuderos de Puigdemont asegura no tener suficientes elementos para “valorarlo”, mientras que un tercero no está “preocupado” por esta cuestión y recuerda que el PSOE deberá validar los nombres de los nuevos magistrados. “No se pueden permitir un cambio de mayorías sin resolver esta cuestión“, asevera este mismo dirigente posconvergente, que también recuerda que la sala puede seguir ejerciendo con plenas facultades a pesar de tener el mandato caducado.
La carpeta europea
Sin embargo, un fallo del TC favorable a los intereses del líder de Junts tampoco implicará su regreso inminente. “Aún quedará la batalla final en el Supremo”, recuerda una de las fuentes consultadas por este diario. El alto tribunal podría demorar todavía más la aplicación de la amnistía a los exmiembros del Govern de 2017 elevando una cuestión prejudicial a Luxemburgo.
El Abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en La Vista en Luxemburgo. / Ángeles Vázquez
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya celebró una vista el pasado 15 de julio para analizar las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, y escuchó los argumentos a favor y en contra de la amnistía de todas las partes, Abogacía del Estado, Fiscalía y Comisión Europea, además de la defensa de Puigdemont. Todos ellos coincidieron en que “no existe vínculo entre el 1-O y los intereses de la Unión”, pero destacó la contundencia de Bruselas al ver incompatible “con los valores de la UE” la concesión de una amnistía “a cambio del apoyo a un gobierno”.
La previsión es que la sentencia de Luxemburgo llegue este otoño y marque el camino del resto de cuestiones prejudiciales, también la que el Supremo podría plantear una vez resuelva el Constitucional. Sin embargo, las mismas fuentes consultadas consideran que este capítulo no debería alargar muchos meses más el regreso definitivo del expresident, aunque ya nadie pone la mano en el fuego por una fecha.
Desde Junts no han descartado por completo la posibilidad de que Puigdemont decida cruzar de nuevo la frontera, sin la amnistía y con la orden de detención vigente, para tratar de acelerar el calendario judicial. Sin embargo, esta posibilidad no está en estos momentos sobre la mesa de Puigdemont. Y el partido se receta “paciencia”.
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