La Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante alertó de que albergaba “dudas” sobre que los adjudicatarios de viviendas podían cumplir con los requisitos exigidos por la Generalitat para poder acceder a los pisos protegidos de la urbanización Les Naus, en alusión al tope de ingresos.
Así consta en un informe de finales de enero de Patrimonio, el área que puso sobre aviso al ejecutivo de Barcala tras estudiar el listado de beneficiarios de las 140 casas de La Condomina, entre las que se encontraba la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, dos hijos y un sobrino de la ya ex directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, la funcionaria María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto de Urbanismo.
El informe, según ha podido confirmar este diario, cita a tres de las personas vinculadas al Ayuntamiento señaladas por el escándalo de la primera promoción de vivienda protegida en Alicante en más de dos décadas. Al respecto de los tres, Patrimonio puso negro sobre blanco que al tratarse de vivienda protegida, para cuyo acceso hay que cumplir con exigencias de la Generalitat vinculadas a la renta y al patrimonio, precisando que albergaba “dudas” sobre si se trataba de perfiles idóneos.
unidad familiar
Desde esta área municipal se reconoce en el informe que los requisitos no se refieren al sujeto individual, en alusión al propietario de la vivienda, sino a la unidad de convivencia, con independencia de que las parejas estuvieran en gananciales o en separación de bienes, una de las irregularidades que ahora Vivienda ha detectado tras revisar los expedientes.
También el informe hace referencia, asegurando que no es una cuestión menor, que dada la fecha de calificación definitiva de la promoción, las exigencias económicas a los propietarios se recogen en el decreto del Botànic, no en el posterior del gobierno de Mazón, por lo que el límite económico general sería de 46.800 euros y no de los actuales 54.600.
Por otro lado, el informe subraya que pese a que el Ayuntamiento no ha intervenido en la adjudicación de las viviendas, que corresponden directamente a la cooperativa, sí que se le debe exigir velar por un reparto ajustado a la norma, que obliga a que sea bajo los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia. Al respecto, desde Patrimonio se sugeriría en el informe que el Ayuntamiento comprobase si se han cumplido esos principios y, de no ser así, que se actuará en consecuencia, ya que las viviendas son de protección pública.
Sin abstención
El informe pone principalmente el foco en el arquitecto de Urbanismo señalado desde el primer momento, y es que según Patrimonio no solo participó en reuniones internas sobre las obras de la urbanización, donde él ahora tiene un piso en propiedad, sino que también estuvo presente en encuentros con la propia cooperativa, de la que hoy es miembro.
De hecho, ante su actitud colaborativa en el proceso, desde Patrimonio se llegó a plantear, al desconocer la vinculación del arquitecto de Urbanismo con la promoción, su nombre para sustituir al responsable municipal del contrato, que se había jubilado. Sin embargo, según el mismo informe, la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ligada a la cooperativa desde 2018, apostó por otro funcionario para ponerle al frente de la inspección del contrato.
El informe, en consecuencia, subraya que el arquitecto de Urbanismo asesoró en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la cooperativa, influyendo en la toma de decisiones aunque sin que su firma aparezca en ningún documento oficial, pese a ser parte interesada al disponer ahora de un piso a su nombre en el residencial.
Sobre la entonces edil, el informe destaca que participó en reuniones y se le atribuye la concesión de licencias para la modificación del proyecto. De la directora general, ya dimitida, se señala que intervino en el proceso desde su puesto de jefa de Contratación, sin constar su abstención en el proceso, aunque se apunta que no se aprecia que su participación fuera decisiva en las decisiones tomadas.
Dos millones… denegados
En cuanto a los trámites realizados desde la enajenación de la parcela y el final de las obras, en el informe de Patrimonio se recoge que desde la cooperativa se adujeron cuestiones sobrevenidas para evitar la penalización prevista al no cumplir con el plazo marcado para la construcción del residencial, al estar establecido una penalidad por cada día de retraso. El plazo inicial era de 18 meses, aunque la cooperativa se comprometió a terminar en 13 meses. Finalmente, fueron 22 meses.
Además, desde la cooperativa, siempre según el informe de Patrimonio, también se reclamó una cantidad mínima de dos millones de euros por haber asumido, supuestamente, un sobrecoste con la compra de la parcela, dado que el precio de los materiales se incrementó al pasar cuatro años desde el inicio del proceso de licitación hasta que comenzaron las obras al acabar el proceso en los tribunales por una cláusula del pliego de condiciones. Esa petición fue rechazada por el gobierno municipal.
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