Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno español en Baleares, afirma que el alto coste de la vida en las islas está ahuyentando a los empleados que trabajan en los servicios estatales.
Reconoce que la escasez de estos empleados públicos es un problema de larga data, pero añade que está empeorando debido a los problemas de vivienda. “No quieren venir a Baleares porque no pueden permitirse los altos precios de la vivienda”.
En este sentido, critica al Gobierno balear por no aplicar la medida de limitación de alquileres que le permite la ley de vivienda española. Está convencido de que esto sería eficaz. “Necesitamos que el Gobierno balear ponga en marcha los mecanismos establecidos por el Gobierno central, como el tope de alquiler, para que los funcionarios puedan afrontar su alquiler.
“Muchos solicitan traslados cuando sus contratos de alquiler están por renovar porque saben que se enfrentarán a una subida de alquiler que no pueden afrontar. Sin embargo, si se limitaran los alquileres, no se irían. Barcelona tiene un límite, y el pasado mes de abril los precios cayeron un 7%, mientras que en las islas subieron”. Rodríguez acepta que algunas propiedades han sido retiradas del mercado de alquiler de larga duración en Barcelona, pero sostiene que es “inútil” mantenerlas en el mercado si más de la mitad de las propiedades anunciadas en la web de Idealista en Baleares cuestan más de 2.000 euros al mes.
La escasez afecta a los servicios controlados por el Estado: los tribunales, la oficina de inmigración (Oficina de Extranjería) y el servicio estatal de empleo, que tienen alrededor de la mitad de sus puestos vacantes. También se ven afectados los cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional. “Esto no es falta de voluntad del Gobierno español. Los puestos están creados y presupuestados (en total son unos 8.500). El problema es que los funcionarios no quieren venir a Baleares porque no pueden afrontar los altos precios de la vivienda.
“Tenemos problemas para cubrir los puestos. El gobierno crea y financia los puestos, pero es muy difícil cubrirlos debido al alto coste de la vivienda, lo que desalienta a muchos funcionarios a ocupar un puesto en Baleares”. En cuanto pueden, los empleados solicitan abandonar Baleares y ser trasladados a otro lugar. Rodríguez señala que algunos renuncian si son asignados a las islas.
Se está intentando elevar las prestaciones de insularidad para Baleares a los tipos más elevados que existen en Canarias -“confío en que estamos cerca de conseguirlo”-, mientras cree que un cambio en el sistema de exámenes podría marcar la diferencia. Rodríguez cree que esto debería “territorializarse”, es decir, que los exámenes podrían ser específicos para puestos de Baleares y que se animaría a que más residentes en las islas se presentaran.