La defensa de Begoña Gómez ha presentado este lunes su escrito de defensa frente a la imputación de cuatro delitos de corrupción por los que el juez Juan Carlos Peinado pretende llevarla ante un tribunal del jurado. Reconoce haber tenido actividad universitaria incluso antes de que su esposo llegara a la presidencia del Gobierno y reconoce algunos hechos, como la constitución en noviembre de 2023 de una sociedad, Transforma TSC, relacionada con los objetivos de su cátedra en la Universidad Complutense, si bien “no tuvo ningún tipo de actividad, ni depositó cuentas anuales, ni rango de dominios, derechos o bienes de ningún tipo”.
En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Gómez que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho solicita su libre absolución porque los hechos que se le imputan no constituyen “infracción penal alguna” y reclama que, bien al contrario, las acusaciones populares bajo la dirección letrada de HazteOír deben ser condenadas en costas por su “mala fe” y la “temeridad” de sus planteamientos.
Begoña Gómez / Alejandro Martínez Vélez – Europa Press
“Los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno. La conducta atribuida a mi representada no reúne los elementos objetivos ni subjetivos exigidos por ninguno de los tipos penales invocados por las acusaciones”, incide la defensa a lo largo de las más de 23 páginas de escrito, que incluye la citación de hasta 24 testigos entre los que figuran los empresarios Rosauro Varó y Miguel Escassi, y responsables de la Complutense como su rector, Joaquín Goyache, quien llegó a estar imputado en este procedimiento.
Generar daño reputacional
En cuanto la condena en costas de las acusaciones, según esta parte deben incluir los honorarios del propio Camacho y del procurador. Defiende que su acción penal “fue ejercitada y ha sido mantenida con multas distintas a la legítima persecución del delito, instrumentalizando el proceso penal como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional” para la esposa del presidente del Gobierno. “Las acusaciones sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes”, insiste la defensa.
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