Más de 66 millones de ciudadanos de fuera de la UE han sido registrados al entrar o salir de la Unión Europea desde el lanzamiento gradual del nuevo sistema de control de fronteras digital el pasado mes de octubre, según datos publicados el lunes por la Comisión Europea. A unas 32.000 personas se les ha negado la entrada a través de este mecanismo.
El Sistema Europeo de Entrada/Salida (EES), plenamente desplegado en todo el Espacio Schengen, está diseñado para mejorar la seguridad fronteriza y gestionar los riesgos de movilidad. “Cuando se pone en marcha un nuevo sistema, ‘siempre hay cosas que mejorar'”, admitió el portavoz del Interior, Markus Lammert, durante una conferencia de prensa en Bruselas, aunque se negó a especificar qué países pueden quedarse atrás en su implementación. Confirmó que Bruselas está colaborando con “un par de países” que aún no han completado el despliegue.
Según la Comisión, el sistema ha permitido a las autoridades identificar “cerca de 800 personas que representaban un riesgo para la seguridad” del bloque. “Para mantener Schengen abierto y seguro, debemos modernizar la forma en que gestionamos los riesgos de movilidad y seguridad”, afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión responsable de Seguridad, en una declaración oficial. “Estamos avanzando en la digitalización y la interoperabilidad de sistemas informáticos de gran escala”.
Estas cifras se publicaron junto con el quinto informe de la Comisión que evalúa el estado de la zona libre de fronteras Schengen, aclamado como uno de los logros más tangibles y valiosos de la UE que “continúa demostrando resiliencia”.
Sin embargo, el informe evita críticas directas a la media docena de países Schengen (incluidos Francia, Alemania y Austria) que mantienen controles fronterizos internos sistemáticos y continuos, algunos desde hace más de una década. Los servicios de la UE señalan que la reintroducción temporal de tales controles está permitida por la legislación de la UE, pero sólo “temporalmente y bajo condiciones estrictas”.
En este contexto, Lammert destacó que la Comisión mantiene un “estrecho diálogo” con los Estados miembros que aplican controles reforzados casi permanentes para “subrayar la necesidad de minimizar las distorsiones” que tales medidas causan, en particular para los trabajadores transfronterizos diarios, y señala que “existen alternativas más eficaces”.