El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido trasladar su “solidaridad” a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decidido retirarle el pasaporte, al considerar que puede haber “riesgo de fuga”. Como ha hecho en ocasiones anteriores, Illa ha intentado evitar entrar en el choque directo con el poder judicial, pero ha tachado la medida aplicada contra Gómez de “difícil de entender” y de “claramente excesiva”.
“Desde el respeto a las decisiones judiciales, hay difíciles medidas de entender y claramente excesivas cuando la voluntad de colaboración es absoluta”, ha afirmado el presidente a través de las redes sociales, horas después de conocerse el auto del juez Peinado, que ha generado una fuerte indignación al PSOE. “Ser demócrata es creer en la justicia aún cuando es difícil. En días como hoy”, ha rematado.
Illa, que es uno de los principales apoyos políticos de Sánchez, ha sido el primer miembro del Govern, y del PSC, en pronunciarse sobre la decisión judicial conocida este sábado. Durante la sesión parlamentaria de esta semana, el presidente de la Generalitat cerró filas con el líder socialista y afirmó sin titubeos que era “el mejor presidente que ha tenido España”.
Sin pasaporte y obligado a comparar
En el auto de apertura de juicio oral contra Gómez, el juez instructor asegura que existe riesgo de fuga porque las penas que se imputan a la mujer del presidente pueden elevarse hasta los 16 años de cárcel, y porque ve posible que decida huir con la colaboración de sus escoltas. Por esta razón, ha decidido retirarle el pasaporte, con lo que no podrá salir del país, e imponerle la obligación de comparar cada 15 días en los juzgados.
El magistrado envía así a la esposa del presidente a juicio, y le atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La defensa de Gómez ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial.
En paralelo, desde la Moncloa, denuncian “desproporción” por parte del juez y le acusan de “llevar a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”. Además, las mismas fuentes gubernamentales consideran que el auto es una demostración de la “persecución” y la “obsesión” del magistrado con la esposa del presidente del Gobierno, y contrastan el caso de Gómez con el de José Luis Rodríguez Zapatero, donde el juez José Luis Calama se negó a adoptar esta medida.
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