Agricultura autorizó el uso de la radial que originó el fuego de las Gavarres, pero la empresa debía parar en caso de riesgo alto de incendio.

El incendio de las Gavarres (Baix Empordà) ha abierto una nueva disputa política sobre la responsabilidad del fuego, originada durante unos trabajos en una carretera que había encargado la Administración. El caso ha llegado al Parlamento después de que diera a conocer que un operario que utilizaba una sierra radial, en plena ola de calor, provocó el incendio que ha afectado a más de 2.400 hectáreas. El hombre trabajaba para una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aquaterra y Construccions Rubau, que realiza conservación de carreteras y que estaba contratada por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, un hecho que la oposición ha utilizado para exigir explicaciones al Govern.

Detrás de las autorizaciones para trabajar con una radial en período de incendios, hay un proceso legal estricto que se debe seguir. ¿Pero de quién dependen los permisos y cómo se tramitan? Pese a que una parte de la oposición ha puesto el foco sobre la conselleria liderada por Sílvia Paneque, por los trabajos realizados en una infraestructura viaria, el ente encargado de dar luz verde a los permisos para usar herramientas de riesgo es el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la dirección general de Bosques.

El protocolo marca que los permisos los da la Dirección General de Bosques pero son las empresas y los particulares quienesen deben tener en cuenta los condicionantes; entre estos los avisos diarios del nivel de peligro

Las empresas o particulares que quieran llevar a cabo actividades que puedan generar chispas a menos de 400 metros de áreas arboladas solicitan una autorización previa a través de una aplicación.

En el caso del fuego que se declaró a primera hora del pasado viernes en La Bisbal d’Empordà y que entró en el macizo de Les Gavarres, según ha podido saber EL PERIÓDICO, las actuaciones obtuvieron el visto bueno de la dirección general. Sin embargo, la autorización incluye muchos condicionantes. Y tenerlos en cuenta y ponerlos en práctica depende de la empresa o del trabajador en cuestión. Si lo hicieron o no, lo acabará de determinar la investigación en curso.

Una empresa puede tener autorización para trabajar, pero debe suspender la actividad si el riesgo alcanza determinados umbrales.

En concreto, el permiso se concede por un período de 15 días, pero los trabajos quedan siempre supeditados al nivel de peligro de incendio que haya en cada momento. Es decir, una empresa puede tener autorización para trabajar, pero debe suspender la actividad si el riesgo alcanza determinados umbrales. ¿Y cómo se determinan los umbrales? El mapa de peligro publicado cada día por el Departamento de Agricultura es la guía principal.

Imágenes del punto donde se originó el incendio forestal de Sentmenat tras incendiar una excavadora en una explotación agrícola. / Manu Mitrú

Cuando el nivel de riesgo es muy alto, se envía un SMS a las empresas que han pedido autorización para recordarles las restricciones aplicables. Ante el peligro muy elevado, por ejemplo, el uso de radiales queda prohibido, como ocurriría en el punto en el que se inició el fuego de La Bisbal. Según ha podido saber este diario, Agricultura envió el jueves 2 de julio un SMS a las empresas y particulares autorizados, alertando de que el nivel de peligro era muy alto y que por tanto las autorizaciones quedaban limitadas. Y la empresa lo recibió. El fuego en La Bisbal comenzó hacia las 09.17 horas del viernes.

La clave de la investigación en marcha, conjunta entre Agents Rurals y Mossos d’Esquadra, será determinar si la empresa ordenó o no suspender los trabajos antes de que se inicie el fuego.

Fuentes del Gobierno sostienen que la responsabilidad, teniendo en cuenta la ley que rige estos trámites legales, corresponden o bien a la empresa autorizada, que debía detener los trabajos ante las circunstancias de peligro, o del trabajador, que pudo no seguir las órdenes de la compañía, aunque esta estuviese contratada por la Administración. En paralelo, insisten en que las autorizaciones de riesgo de incendio dependan de Agricultura y que cada empresa debe consultar el nivel de peligro y adaptar o suspender su actividad cuando sea necesario.

Medidas de seguridad obligatorias

Las autorizaciones detallan también unas medidas mínimas de seguridad que son obligatorias. Se exige material preventivo, como mochilas de agua de 15 litros para las personas encargadas de vigilar la actividad, y un número mínimo de personas pendientes de los trabajos. En algunos casos, el documento también puede anunciar que, en caso de no haber cobertura telefónica suficiente como para poder llamar al 112, es necesario conocer cuál es el punto más cercano con cobertura para avisar de un hipotético incendio. Esto pasaba en la zona en la que empezaron a propagarse las llamas.

Desde los Agentes Rurales confirman a este diario que realizan inspecciones constantes para comprobar que todas las empresas disponen de los permisos necesarios. Pero de todas formas, en un escenario de riesgo elevado en el que se prohíben todas estas actividades, es imposible controlar en tiempo real cada actuación sobre el terreno.

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