Las pruebas de Pepe Vegara en un juicio por fraude fiscal en curso han renovado el escrutinio sobre cómo un alcalde al que se le han confiado las vastas finanzas públicas de Orihuela podría reconocer la firma de importantes documentos de la empresa sin examinarlos.
El testimonio del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, en el continuo caso de fraude fiscal de ITV Vega Baja ha planteado una pregunta que va mucho más allá de la sala del tribunal: ¿qué nivel de supervisión financiera deberían esperar los residentes de la persona responsable en última instancia de una de las administraciones municipales más grandes de la Vega Baja?
Vegara dijo al tribunal que los miembros de la junta directiva de ITV Vega Baja firmaron documentos de la empresa “a ciegas” porque depositaban total confianza en el gerente de la empresa. Sus pruebas se referían a transacciones vinculadas a un caso de negocios en el que él y otros tres acusados se enfrentan a graves acusaciones relacionadas con documentación comercial e impuestos. Todos los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia y no se debe inferir ninguna declaración de culpabilidad a menos y hasta que el tribunal dicte una sentencia definitiva.
Sin embargo, esta admisión es políticamente significativa. Según se informa en el proceso, Vegara aceptó haber firmado un contrato por valor de más de medio millón de euros sin realizar el nivel de control que normalmente parecería exigir el valor del acuerdo. Su defensa es que el consejo confió en el gerente y que esa confianza era normal dentro de la empresa.
El tribunal decidirá la importancia jurídica de esa explicación. El público, sin embargo, tiene derecho a considerar su relevancia para su cargo actual.
Vegara ya no actúa simplemente como director de una empresa privada. Como alcalde, encabeza una autoridad responsable de un presupuesto municipal de casi 117 millones de euros al año y de importantes contratos, ventas de terrenos, planes de infraestructura y programas de inversión que, en conjunto, colocan decisiones financieras cercanas a los 200 millones de euros bajo el control político del gobierno municipal. También tiene responsabilidad política directa sobre la dirección financiera y las prioridades de inversión del consejo.
Ese contraste es difícil de ignorar. Un alcalde que pide a los residentes que confíen dinero público a su administración ha dicho a un tribunal que, en un puesto empresarial de alto nivel anterior, firmó documentos importantes sin leerlos ni verificarlos porque confiaba en otro ejecutivo.
Incluso si finalmente se determina que esa conducta no es criminal, sigue siendo una cuestión legítima de juicio político, particularmente cuando el mismo individuo ahora supervisa los contratos y las decisiones de inversión financiadas por los contribuyentes.
El proceso se refiere a supuestas irregularidades relacionadas con ITV Vega Baja, la empresa de inspección de vehículos a la que Vegara estaba asociada. La fiscalía ha acusado a Vegara y al resto de acusados de delitos contra la Hacienda Pública y presunta falsificación de documentos mercantiles.
En informes anteriores sobre el caso se afirmaba que los fiscales pedían penas de prisión, multas sustanciales y el reembolso de sumas supuestamente perdidas para el Tesoro. Durante la etapa inicial del juicio de 2026, los representantes legales del Estado recalcularon partes del monto presuntamente defraudado, mientras que los abogados defensores argumentaron que algunas acusaciones estaban extemporáneas y solicitaron el sobreseimiento del proceso.
Uno de los elementos más llamativos del caso se refiere a la compra de 100.000 agendas promocionales. Según los informes, la empresa ITV pagó 17 euros por cada diario, mientras que un inspector de Hacienda dijo al tribunal que el valor de mercado era inferior a 1,30 euros. Los investigadores han alegado que el precio fue inflado artificialmente y que las transacciones se utilizaron de una manera que afectó las obligaciones del IVA y del impuesto de sociedades.
Vegara ha negado su responsabilidad en el presunto fraude y ha buscado desmarcarse del día a día de la gestión y las decisiones contables.
Por lo tanto, su testimonio de que los directores firmaron bajo fideicomiso es fundamental para la narrativa de la defensa. Sugiere que los miembros de la junta no participaron conscientemente en ningún acuerdo deshonesto porque confiaron en la información proporcionada por la gerencia.
Sin embargo, también crea una cuestión separada de gobernanza: si los directores no entendieron ni examinaron contratos que involucraban cientos de miles de euros, ¿quién estaba ejerciendo una supervisión efectiva?
Para los residentes de Orihuela, esa pregunta tiene una relevancia inmediata. La municipalidad está manejando importantes compromisos de gasto, incluidos contratos de servicios públicos, infraestructura costera, enajenaciones de tierras y proyectos de capital largamente demorados. Se espera que el alcalde no sólo promueva la inversión sino que también garantice que se apliquen salvaguardias, controles y rendición de cuentas adecuados antes de comprometer dinero público.
Existe una distinción importante entre responsabilidad penal y responsabilidad política. El tribunal penal debe decidir si la fiscalía ha probado los presuntos delitos más allá de toda duda razonable. El juicio político requiere una prueba diferente: si la propia cuenta del alcalde demuestra la diligencia, atención y disciplina financiera que se espera del titular del más alto cargo electo de Orihuela.
Vegara y sus partidarios pueden argumentar que los hechos pertenecen a una carrera empresarial anterior, que no participó en la gestión operativa y que el caso se ha prolongado durante muchos años sin condena. Ésas son consideraciones relevantes. Igualmente relevante es el hecho de que el alcalde haya descrito personalmente una cultura corporativa en la que documentos importantes se firmaban sin ser examinados.
El veredicto final pertenece al tribunal. El veredicto más amplio sobre competencia y rendición de cuentas pertenece al público. En un momento en el que Orihuela gestiona enormes compromisos económicos y exige mayores aportaciones a sus contribuyentes, los vecinos tienen derecho a preguntarse si “firmé porque confié en el gestor” es una explicación adecuada de quien ahora tiene a su cargo las finanzas del municipio.
Antecedentes del caso
• La causa se abrió por supuestas irregularidades fiscales y contables que involucran a ITV Vega Baja y varios empresarios asociados.
• Los fiscales han denunciado la continua falsificación de documentos mercantiles y delitos contra la Hacienda Pública en materia de IVA y del Impuesto sobre Sociedades.
• Los procedimientos se han retrasado en varias ocasiones antes de que comenzara el juicio en mayo de 2026.
• Las acusaciones siguen sin probarse. Vegara y los demás acusados niegan haber cometido un delito penal y conservan la plena presunción de inocencia.