La saga del desarrollo de Puerto Soller que ahora puede estar llegando a su fin

La historia de la urbanización Muleta I en Puerto Sóller se remonta a los años 60, cuando se redactó un plan original, aunque las cuestiones relativas a la construcción son mucho más recientes y tienen que ver con la prestación de servicios y quién paga por ellos.

Hay dos Muletas, siendo la más controvertida Muleta II, donde se bloqueó la construcción. Esto dio lugar a que el Gobierno balear tuviera que pagar una indemnización de 96 millones de euros al promotor inmobiliario alemán Matthias Kühn en 2024.

A diferencia de Muleta II, en Muleta I sí se han construido. Según datos del ayuntamiento de 2024, consta de un total de 90 parcelas y la participación de 130 propietarios. Actualmente hay alrededor de 45 casas, pero el pavimentado es deficiente y el desarrollo carece de iluminación, suministro de agua y alcantarillado.

El departamento de planificación de Sóller tiene la intención de presentar en la próxima reunión del consejo una modificación del plan de planificación de Muleta I. La aprobación final permitiría al ayuntamiento adoptarlo formalmente una vez que se hayan instalado los servicios públicos necesarios.

En 2019 se concedió una primera aprobación, que suscitó numerosas objeciones por parte de los residentes, objeciones que ahora serán desestimadas. La cuestión principal es que los propietarios deben asumir el coste de instalación de los servicios. En 2019 se estimó en cinco millones de euros; es probable que ahora sea mucho mayor.

El cincuenta por ciento de las parcelas que actualmente no son edificables, con esta aprobación del ayuntamiento podrán ser edificadas. La construcción no podrá comenzar hasta que la promoción esté dotada de los servicios.

Los intentos del ayuntamiento de ‘regularizar’ el estatus de Muleta se remontan a 2013, cuando se redactó un plan que no se puso en práctica por no llegar a un acuerdo con el gobierno. Desde entonces, todos los esfuerzos han sido infructuosos y a los residentes actuales les resulta difícil ver cómo podrían cubrir los costos. Si bien se beneficiarían de la prestación de servicios públicos, algunos temen que si se construyen todas las parcelas actualmente vacías, el desarrollo podría quedar superpoblado, ya que su población podría duplicarse.