Asociaciones de jueces y fiscales españolas constararon este jueves “mucho interés” por parte del grupo del Parlamento Europeo (PE) que examina el Estado de derecho en España en la proposición de ley de la amnistía que aún está en el Congreso y en la situación de interinidad que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acumula ya cinco años en funciones. En el encuentro han participado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
También ha estado presente un representante de la Comisión Europea, pero no ha acudido ningún miembro del Ejecutivo español. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, –que había sido invitado– alegó que no podía acudir porque coincidía con la reunión que tenía prevista con la Comisión de Venecia, que estaba este jueves en Madrid para reunirse con representantes del Gobierno, de las Cámaras, del CGPJ y de las asociaciones judiciales.
Según fuentes presentes en el encuentro, la reunión ha servido para que las asociaciones trasladaran al grupo de la Eurocámara su impresión del Estado de derecho en España. De acuerdo con dichas fuentes, la mayoría de las asociaciones ha coincidido en denunciar el bloqueo a la renovación del CGPJ y su preocupación por los ataques a los jueces por parte de dirigentes de diversas corrientes políticas.
Aunque en un principio el grupo se ha limitado a escuchar y recoger las impresiones de los jueces y fiscales españoles sin emitir valoración alguna o compartir de momento sus conclusiones sobre el Estado de derecho en España, luego ha preguntado con “mucho interés” sobre aspectos como la ley de amnistía y el CGPJ, han apuntado las fuentes consultadas.
Sobre el caso del Consejo, las asociaciones han insistido en que su no renovación afecta gravemente al funcionamiento de la Justicia, toda vez que el órgano al estar en funciones no puede hacer nombramientos en la cúpula judicial, que acumula ya más de 80 vacantes. Cabe recordar que las asociaciones judiciales se han pronunciado en comunicados conjuntos en reiteradas ocasiones para denunciar esta situación.
Amnistía
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Respecto de la proposición de ley que pretende amnistiar más de una década del proceso independentista catalán, algunas asociaciones han alertado de sus efectos y han defendido que supondría una injerencia en el trabajo de los jueces. Otras, sin embargo, han defendido que no supone en principio un problema para el Estado de derecho español, al tiempo que han insistido en que ni siquiera es una ley que esté vigente y que aún no se conoce en qué términos se aprobará.
Sobre este extremo, el grupo ha preguntado a las asociaciones por qué algunos jueces se han pronunciado públicamente sobre la amnistía cuando aún no hay una ley aprobada. Algunas de éstas han asegurado no compartir dichas acciones, mientras que otras han defendido que como jueces tienen la responsabilidad de pronunciarse como garantes del Estado de derecho. Asimismo, los europarlamentarios han preguntado sobre el modelo de elección de los vocales al CGPJ, dado que este es uno de los escollos por los que aún no se ha logrado la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Sobre este asunto no ha habido unanimidad. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que cuenta con más de 1.400 afiliados; AJFV, con más de 930; y FJI, con más de 340, coinciden en la necesidad de cambiar el modelo para acabar con la intervención política a través del Parlamento, pero difieren en el cómo. Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que suma más de 500 miembros, insiste en que lo prioritario es nombrar un nuevo CGPJ con el sistema vigente.
Presunto ‘lawfare’
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En el marco del encuentro, el grupo también ha querido conocer la opinión de las asociaciones sobre las comisiones de investigación del Congreso sobre el presunto ‘lawfare’. Al margen, algunas de las asociaciones han defendido que el Estado de Derecho en España “está en peligro” también por la falta de medios y por el exceso de carga de trabajo en los juzgados.
La cita, que ha durado poco más de dos horas, ha permitido al grupo apreciar las cuestiones en las que coinciden las asociaciones judiciales y fiscales y los asuntos en los que difieren. La Comisión Europea ha intervenido para recordar sus recomendaciones sobre el Estado de derecho en España recogidas en el informe que hizo público el año pasado.
Bolaños, que no estuvo presente, excusó su ausencia por tener que recibir en Madrid a la misión de la Comisión de Venecia que analiza la ley de amnistía a petición del Senado, pero el Partido Popular ha criticado que los eurodiputados tampoco recibieron respuesta a un cuestionario remitido por este grupo al Gobierno con preguntas precisas.
El grupo de vigilancia del Estado de derecho depende de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo a la que tendrá que reportar después de los resultados del diálogo de este jueves y podrá trasladar recomendaciones sobre eventuales pasos a seguir por la comisión parlamentaria.
El equipo lo forman 14 eurodiputados, dos de cada familia política, y sólo hay un representante español, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, para quien es “vergonzoso” que el Gobierno de Pedro Sánchez “se esconda” ante la llamada a examen de los eurodiputados. En todo caso, el encuentro sirvió, según distintas fuentes, a escuchar la opinión general del Ejecutivo comunitario sobre el Estado de derecho en España según lo recogido en su último informe anual de 2022, en el que Bruselas no identifica riesgos sistémicos para la salud democrática en España.
Preocupación
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El informe comunitario sí apunta una seria preocupación por el bloqueo del CGPJ y otras cuestiones como reforzar el estatuto del fiscal general, en particular en lo relativo a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno. La siguiente edición del informe se espera para el próximo julio. La ley de amnistía que el Gobierno pactó con ERC y Junts para asegurar la investidura de Sánchez, en todo caso, no fue abordado por el informe pasado de Bruselas aunque sí ha suscitado preguntas entre los miembros del grupo de eurodiputados.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, que también ha asumido una inédita mediación entre PP y PSOE para tratar de desbloquear la renovación urgente del CGPJ, ha dejado claro en varias ocasiones que, si bien sigue “con atención” la situación, no dará su valoración sobre la ley de amnistía y su cumplimiento de los límites del Derecho comunitario hasta que la tramitación parlamentaria de la norma concluya en España.
En su revisión periódica de la situación en distintos países de la UE, este grupo ya convocó en septiembre de 2022 a la entonces titular de Justicia española, Pilar Llop, quien esgrimió razones de agenda para evitar la cita. Meses después, la ministra acudió a la comisión parlamentaria de la que depende este grupo, la de Libertades Civiles, Justicia e Interior, para discutir en sesión pública con los eurodiputados sobre cuestiones como el bloqueo CGPJ y la reforma del Código Penal. La comisión LIBE creó la pasada legislatura este grupo para examinar los riesgos democráticos en Malta y Eslovenia tras el asesinato de periodistas en estos dos países; aunque en esta legislatura se ha ampliado al resto de países.