El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una partida de 1.129 millones de euros a la compra de armamento. El Gobierno sorteará de este modo el veto de sus socios al aumento del gasto en Defensa al no tener que pasar por el Congreso. Al mismo tiempo, logra así evitar las limitaciones impuestas por la prórroga de los Presupuestos. Como ya había avanzado El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el Gobierno estaba buscando la fórmula para incrementar en 1.000 millones el gasto el Defensa, pese a no contar con nuevas cuentas, para garantizar el aumento de una décima más del gasto en Defensa durante este ejercicio. Hasta el 1,3% del PIB, con el propósito de no desviarse de la senda comprometida con la OTAN para alcanzar el 2% en 2029. Esto es, los 1.129 millones de euros aprobados en el Consejo de Ministros.
La fórmula del acuerdo marco elegida para esta partida permite al Gobierno no tener que obtener el apoyo del Congreso. “Bildu y ERC siempre votan en contra”, reconocían fuentes de Moncloa hace una semana para justificar que se sortee la Cámara baja. Un rechazo que también manifestó con contundencia Sumar durante el debate parlamentario de la pasada semana en el que Pedro Sánchez marcó como una prioridad el aumento de la inversión en Defensa para corregir las carencias en la industria armamentística y contribuir en el seno de la UE a la disuasión de Rusia por su “deriva imperialista”.
El Ejecutivo evita de este modo vías como un crédito extraordinario para Defensa que necesitan ser sometidas a votación. También tener que recurrir al PP. Los populares siempre se mostraron a favor de incremento del gasto en Defensa, en línea con el objetivo de llegar al 2% del PIB en 2029 comprometido con la OTAN. De hecho, durante el último debate sobre el estado de la nación celebrado en 2022, PP y PSOE pactaron una resolución en esta línea.
En los Presupuestos de 2023 la partida para Defensa ascendió a 12.825 millones de euros. El gasto real fue más elevado al recurrirse a modificaciones de los límites de gasto o al Fondo de Contigencias para sufragar otras inversiones.
Las modificaciones presupuestarias son precisamente la forma que aducen en otros ministerios, como Transportes, para asegurar las inversiones comprometidas. Asimismo, Hacienda está negociando con el Gobierno de Canarias el cumplimiento de alguno de los hitos marcados en su pacto de investidura que puedan sacarse adelante, aun prorrogando las cuentas públicas.
Mandato de la OTAN y la UE
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La aprobación de esta partida se produce la víspera del Consejo Europeo, donde los Veintisiete coinciden en la necesidad de reforzar lo que denominan “capacidad disuasoria” por el curso de la guerra en Ucrania y la amenaza de que Rusia expanda a otros países su ofensiva. El Gobierno se garantiza también acudir a la próxima cumbre de la OTAN de julio con los deberes hechos.
Para Sánchez es una prioridad aumentar el gasto militar, como ya defendió en el marco del último Consejo Europeo. Hacer unos días cifró un “déficit de 56.000 en Defensa” entre los países europeos y pidió rectificar la creencia de que “sin invertir en defensa se garantizará la paz”. Asimismo, remarcó la necesidad de “reforzar la industria de seguridad y defensa” y anunció el acuerdo para destinar en el marco europeo 5.000 millones de euros más a la guerra de Ucrania.
La nueva partida se justifica precisamente por “la situación internacional actual está incursa en un contexto de alta volatilidad, incertidumbre e inestabilidad, por lo que es necesario realizar un refuerzo urgente de las capacidades militares al objeto de incrementar la reserva estratégica disponible”. Su destino es “el suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento militar“.
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El informe anual del Consejo de Seguridad Nacional aprobado hace unas semanas en el Consejo de Ministros señala igualmente este compromiso y pone en valor que en 2023 “se ha trabajado en inversiones y adquisiciones de sistemas de defensa que van en esa dirección”, además de incrementar la contribución financiera al Fondo Europeo para la Paz (EPF, por su siglas en inglés).