“Posibilidades, hay”. Es la respuesta que mantienen los tres actores que están negociando la investidura de Salvador Illa. Sin embargo, si ya es complejo un acuerdo que aúne a PSC, ERC y Comuns, cada vez hay más elementos externos que añaden obstáculos de los que tratan de aislarse, pero que evidentemente impactan en la negociación. La negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a los principales líderes del 1-O y que complica las expectativas de retorno de Carles Puigdemont es uno. Pero también la onda expansiva de la crisis interna que atraviesan los republicanos interfiere.
Los socialistas esperan que la acción judicial no influya negativamente en la interlocución con ERC. De hecho, Josep Maria Jové, presidente del grupo de los republicanos en el Parlament y uno de los negociadores, ha admitido públicamente que tratan de que no afecte. “La ley es buena”, defienden desde el PSC dando a entender que han puesto toda su voluntad en la vía política. En la calle de Pallars también se han propuesto no hurgar en la polémica sobre los carteles de los Maragall que ha abierto en canal a ERC y que todavía tiene consecuencias imprevisibles sobre cómo decanta a los sectores ante una investidura. Pero hay pocas dudas de que si Marta Rovira y Oriol Junqueras, por separado, apoyan un acuerdo con los socialistas, las bases lo tumben. Todo depende de qué se consiga y cómo se venda.
¿Una pista de aterrizaje?
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La consigna en la cúpula de Illa es no pisar ningún callo que ponga en riesgo un posible acuerdo, actitud que permite a los socialistas continuar siendo “moderadamente optimistas”. Eso sí, en el momento en que desde la calle de Calàbria se fijó de plazo el mes de julio para aclarar si hay o no alianza, los plazos se acortan y eso hace que al PSC le urja poder concretar una oferta de financiación que, sin que pueda llamarse “concierto”, satisfaga la demanda de ERC de que sea la Generalitat quien recaude todos los impuestos y tenga la llave de la caja.
El encaje de bolillos no es fácil, porque el consorcio compartido que plantea el Estatut vigente y al que dan alas tanto desde el PSC como desde el PSOE es insuficiente para Esquerra. Jové ya dejó caer el viernes en un debate de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) que en el año 2005 el Parlament aprobó, con el voto favorable del PSC, una primera versión del Estatut que defendía que la Generalitat tuviera la capacidad de gestión y recaudación íntegra de los impuestos y que, a partir de aquí, se pagara “la cuota por los servicios que el Estado presta a Catalunya y una cuota de solidaridad”. Luego vino la modificación pactada por José Luis Rodríguez Zapatero con el espacio que ahora se aúna en Junts y que fue la versión definitiva que fue refrendada y, posteriormente, recortada por el Tribunal Constitucional.
“Hay un trayecto hecho ya con ERC”, confían desde la dirección del PSC sobre el posible pacto. Por el flanco de los Comuns, avanzan más fácilmente y, aunque se aspira a no tardar en poder anunciar el acuerdo, prefieren no marcar una fecha.
El regreso de Puigdemont
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Sin embargo, a pesar de que los negociadores traten de aislarse del fallo del Supremo sobre la amnistía y defiendan la ley, la decisión tiene otra deriva e impacta directamente en el regreso del expresident Carles Puigdemont, al que el PSC trata de no prestar importancia. Junts defiende que su líder no contempla ningún cambio de planes y que volverá si hay investidura. “Puigdemont es una persona de palabra“, aseguran desde las filas posconvergentes. No obstante, su situación judicial actual nada tiene que ver con los planes que manejaba durante la campaña electoral catalana.
Entonces el líder de Junts ya contaba con la posibilidad de que fuera arrestado al cruzar la frontera, aunque visibilizaban una especie de detención técnica, similar a la que tuvo lugar cuando regresó la exconsellera Clara Ponsatí. Pero la decisión del Supremo de no exonerar la malversación, sin plantear ni siquiera una cuestión prejudicial que hubiera dejado la aplicación de la norma en suspense, aboca a Puigdemont a una detención segura y a un posible encarcelamiento. Con la situación actual, sería arrestado y puesto a disposición del juez Pablo Llarena, que podría decretar prisión preventiva, al menos hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
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Que Puigdemont cumpliera con su promesa y fuera encarcelado, añadiría presión a ERC a la hora de dar sus votos al dirigente socialista y enmarañaría aún más su debate interno. Por ahora, las negociaciones avanzan con la cuenta atrás hacia una repetición electoral en marcha.
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