En la película titulada ‘Los hermanos Marx en el Oeste’ (1940), el buscavidas Groucho y sus dos hermanos Harpo y Chico se embarcan en una batalla a partir de la compra de una mina de oro sin valor, pero codiciada por unos villanos, ya que se prepara la construcción de las vías del tren que va a conectar el océano Atlántico y el Pacífico y supondrá la revalorización de las tierras. Se trata de llegar primero al registro de la propiedad y hacerse con ellas. Y los tres viajan en un tren de vapor mientras la pareja de bandidos corre en paralelo a las riendas de un carruaje biplaza de cuatro ruedas tirado por dos caballos. Groucho tiene una idea. “Quién ha dicho que no hay madera en este tren. Es la guerra. Traed madera”, pide para echar a la caldera y mantener la marcha hasta utilizar toda la que forma parte de los vagones. Tienen suerte porque los caballos rompen la atadura con el carruaje y los bandidos caen al agua de un río caudaloso quedando fuera de combate.
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Carles Puigdemont anunció antes de las elecciones del 12 de mayo de 2024 que si era elegido president estaría presente el día de la investidura para asumir el cargo. Más tarde asumió el “autocompromiso” de acudir al Parlament el día de la investidura, aunque no se hiciera con el cargo y, finalmente ha anunciado –carta del 3 de agosto– que lo cumplirá en las próximas horas tras la luz verde otorgada por la militancia de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) el viernes 2 de agosto.
Pero como él mismo ha reconocido contaba con la posibilidad de que ese no fuese el desenlace y de que, en cambio, pudiesen repetirse las elecciones el 13 de octubre próximo. Ello hubiera supuesto no tener que estar presente en Catalunya este mes de agosto y apostar por salir elegido en una polarización electoral entre el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) y Junts, arrastrando votos de ERC. Mientras, los recursos de Puigdemont contra la resolución del juez Llarena de rechazar la aplicación de la ley de amnistía -el pasado 1 de julio- al delito de malversación agotaba su recorrido en la Sala Segunda del Tribunal Supremo para dar lugar a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Pero esta hipótesis no se ha cumplido. La votación de la militancia republicana (53,5%) a favor de apoyar la investidura del socialista Salvador Illa supone de facto el final del ‘procés’, aunque formalmente ello se va a corporizar el día que Illa sea investido president.
Por tanto, Puigdemont ha llegado a la conclusión de que el último cartucho -la última partida de madera del tren, ya quemados los asientos y todo el material inflamable de los vagones- es regresar a Catalunya-España y presentar el último combate. Que consiste, como él mismo lo anticipa en su carta en someterse a la posibilidad de ser detenido e ingresar en prisión.
Decepcionado por ERC – a quien acusa de guerra sucia- señala que “antes de dar los votos para un gobierno del PSC en Catalunya había que explorar otras alternativas, incluida la repetición electoral en nuevas condiciones”.
Creía Puigdemont, en efecto, que una repetición tenía para él una doble ventaja: primera, evitar el regreso ahora, en agosto, como diputado raso que asiste a la investidura de Illa; segunda, acariciaba el sueño de hacer la carambola ganando las elecciones el 13 de octubre en un duelo Puigdemont-Illa y regresar así a España como president electo de la Generalitat. Era, naturalmente, otra cosa.
Pero a diferencia del tren de los hermanos Marx en el Oeste, el tren del ‘procés’ ya iba camino al descarrilamiento a partir de las elecciones del 12 de mayo al perder la mayoría absoluta. ERC no estaba en condiciones de hacer lo que le pedía Puigdemont (ir juntos a una repetición de elecciones o ir por separado). Y sus dirigentes lo dijeron la noche electoral: ERC ha captado el mensaje y se irá a la oposición.
Por tanto, la carta del sábado 3 de agosto escrita por Puigdemont es su última carta, por así decir. Es decir: el retorno. La idea es que el impacto emocional de su retorno, su arresto y la posibilidad de que el juez Llarena decrete -siempre tiene que ser a petición de una de las partes del proceso- su ingreso en prisión provisional “para garantizar su presencia en juicio” provoque tal ‘shock’ traumático en Catalunya que la investidura de Illa se vea desbaratada, arruinada. Sería la explosión de “la” bomba.
El riesgo que conscientemente parece asumir Puigdemont es que aparte de su arresto, el juez Llarena, que ha rechazado la amnistía para él, dicte su ingreso en prisión provisional para garantizar su presencia en el juicio oral una vez que se firme el auto de conclusión del sumario y se proceda a calificar los hechos por las partes personadas.
Tal como él mismo ha escrito en lo que podemos llamar la “crónica de una prisión anunciada”, la responsabilidad de que sea ahora detenido es de ERC. Es inequívoco: “La decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat hace que la detención sea una posibilidad real de aquí a muy pocos días. Siempre he sido consciente de este riesgo”.
Quizá releyendo este párrafo, una, dos o tres veces, el expresident hubiera corregido esta redacción, porque parece olvidar que los dirigentes de ERC han sufrido la cárcel y la proscripción electoral. A Oriol Junqueras, como a Puigdemont, la Sala Segunda del Supremo tampoco le ha aplicado la amnistía, lo que le ha impedido, caso de repetición de elecciones, por ejemplo, abandonar su condición de inhabilitado y ser cabeza de cartel de ERC.
Puigdemont señala también en su carta un hecho que no se puede soslayar. Sobre su arresto o ingreso en prisión señala: “El hecho relevante no será este. El hecho verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no amnistían, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español mira con la indolencia del resignado”.
Es que hay que tener en cuenta una situación procesal no menos relevante: el auto del 1 de julio en el cual el juez Llarena rechazaba aplicar la amnistía al delito de malversación que se imputa a Puigdemont no es firme. ¿Qué quiere esto decir? Que está recurrido en reforma ante el mismo juez y subsidiario de apelación ante la Sala de Recursos del Supremo. No es firme.
Por tanto: el juez Llarena estaría decretando prisión provisional -caso de hacerlo por ejemplo a petición de la acusación popular de Vox, después del arresto- a un diputado amnistiado -por imperio de la ley- y que el mismo juez instructor se ha negado a amnistiar. ‘Too much’.
Como en toda novela de misterio, todavía está pendiente qué decidirán las Joventuts de ERC este lunes 5 de agosto, ya que uno de los veinte diputados –la diputada Mar Besses– en el Parlament les representan.
En resumen: una alternativa que requiere ‘finezza’ jurídica suprema sería una alternativa procesal a la de Clara Ponsati, aplicada por el juez Llarena. Es decir: una vez que la Policía arreste a Puigdemont y sea citado o conducido ante el juez, que este le cite para tomarle declaración, adopte medidas cautelares de carácter personal y dicte libertad provisional con fianza.
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Eso es: ¿hay alguien en este país que puede exhibir esa ‘finezza’?
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