Las posturas partidistas enrocan la búsqueda de una solución para mejorar la atención de la infancia migrante que llega sola Canarias. A las puertas de los meses en los que el flujo migratorio por la ruta atlántica se dispara por la mejoría de las condiciones meteorológicas, Gobierno central y PP mantienen un duelo político por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería paralelo a la emergencia humanitaria que se vive en el Archipiélago, donde más de 5.500 niños y adolescentes están bajo la tutela del Ejecutivo regional y donde se espera que antes de final de año lleguen otros 7.000, según las previsiones del Ministerio del Interior. Las vacaciones de verano han congelado los contactos entre formaciones y la crisis migratoria se ha guardado en un cajón, a pesar de las peticiones de auxilio de Canarias, a las que se ha sumado Ceuta. A lo largo del agosto, Gobierno y PP no han movido ficha para encontrar espacios comunes y acercar posturas, olvidando que quienes realmente esperan por una respuesta son niños en una situación de máxima vulnerabilidad.
El Ejecutivo de Sánchez y el principal partido de la oposición están envueltos en una contienda estéril, que no ayuda en nada a aliviar la congestión de la red de acogida del Archipiélago, que está a un 300% de su capacidad desde hace cerca de un año. En julio, naufragó la votación en el Congreso de la toma en consideración del texto acordado con Canarias para la reforma legal que haría obligatorio el reparto de los niños y adolescentes migrantes entre todas las comunidades autónomas. Los populares –al igual que Vox y Junts– rechazaron el texto y supeditaron su apoyo a la declaración de emergencia migratoria en todo el país y la garantía de financiación para las comunidades autónomas que atiendan menores. Ahora, a través de una Proposición no de Ley, suben la apuesta e instan al Gobierno de España a reforzar la protección de las fronteras con más presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional, a ampliar el despliegue del Frontex y a solicitar a Europa que active mecanismos para ayudar a gestionar los flujos migratorios. A pesar de que el PP de Canarias ha respaldado desde el minuto uno la reforma de la ley de extranjería, en Génova no le siguen el paso, a pesar de que cualquier acuerdo sobre migración depende de sus demandas y de sus líneas rojas
Decreto ley
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Desde que el presidente del Gobierno español inició su veraneo en el palacio de La Mareta, en Lanzarote, el 12 de agosto, han llegado a Canarias 133 niños y adolescentes no acompañados a bordo de pateras y cayucos, según el recuento realizado por Salvamento Marítimo. Aun así, durante más de una semana ignoró las peticiones del Gobierno regional, que le instaba a mantener un encuentro para abordar la crisis migratoria. Finalmente, el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, se reunirá con Pedro Sánchez, por primera vez en esta legislatura, el viernes, a las 11:30 horas, en la sede de la Delegación del Gobierno en La Palma. Uno de los temas principales será la aprobación de la reforma legal y Clavijo insistirá en la necesidad de tramitar el texto por la vía del decreto ley. Así, se garantizaría su entrada en vigor desde que el Consejo de Ministros dé el visto bueno y los niños podrían empezar a trasladarse a otras comunidades de forma inmediata, aunque 30 días después necesitaría revalidarse en las Cortes, para lo que se precisa el respaldo de la mayoría de los diputados. Clavijo considera fundamental la reforma, pues se necesita “una respuesta de país”.
Castilla-La Mancha y Galicia se ofrecen para acoger a más más jóvenes llegados a las Islas
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Canarias mantiene que “las comunidades tienen una responsabilidad con los menores, pero también son migrantes y el Estado tiene otra”. Por esto, Clavijo exigió al Gobierno de España que haga “todos los esfuerzos para que la modificación legislativa salga” y reiteró que el camino para lograr una solución es el consenso.
Desde el PP nacional han acusado a Sánchez de recibir a Clavijo “a regañadientes” y, además, le han pedido un encuentro con el resto de presidentes autonómicos, para abordar el desafío migratorio. La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, afeó que Sánchez “siempre” tenga tiempo “para acceder a las peticiones de sus socios independentistas”, en lugar de reunirse también con el resto de mandatarios autonómicos.
El reparto voluntario de menores entre comunidades autónomas ha fracasado. De los 339 traslados acordados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de 2023, solo se han ejecutado 65. Las únicas regiones que han cumplido lo pactado son Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón. El resto ha sido incapaz de ampliar su red de acogida para a tender a los menores que aceptaron recibir y todavía no se ha movido nada para iniciar el traslado de los 400 niños que aprobó en la última reunión de la conferencia sectorial, que tuvo lugar el 10 de julio en Tenerife. Clavijo apuntó que la distribución de niños y adolescentes migrantes se está cumpliendo poco a poco, “cada comunidad a su ritmo” y agradeció que los presidentes autonómicos de Castilla y León y de Galicia, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda, ambos del PP, se han hayan ofrecido a acoger un mayor número de menores de los pactados.
Clavijo y Sánchez mantendrá mañana en La Palma su primera reunión de esta legislatura
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El reto de atender a la infancia migrante no solo afecta a Canarias. Antes o después se iba a extender a otros territorios fronterizos, pues los flujos migratorios son volátiles y están condicionados por múltiples factores que van dibujando las rutas. La semana pasada, el Gobierno ceutí alertó de que la saturación de su red de acogida era “insostenible” y pidió ayuda al Estado y a las comunidades para aliviar la congestión. En la ciudad autónoma, el número de menores supera en un 360% la capacidad de acogida y, en lo que va de año, las llegadas se han multiplicado por seis.
Solidad interterritorial
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El Gobierno andaluz, que ya ha tendido la mano a Ceuta para recibir a algunos de sus menores, asegura que su capacidad para hospedar niños y adolescentes extranjeros está al 115% de ocupación, por lo que ya han pedido “un mayor apoyo” al Gobierno de España. “El presidente del Gobierno ha tenido tiempo para hacer la cumbre de Lanzarote con el señor Illa y con el señor Rodríguez Zapatero, pero no ha tenido tiempo todavía para recibir al presidente de Canarias que tiene serios problemas con la migración”, afirmó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien afeó que en materia de migración “el Gobierno esté de vacaciones”.
La solución para el colapso de los centros de acogida no llega ni por parte de España ni de Europa. Sobre el papel, el Pacto sobre Migración y Asilo, que se aprobó el pasado mes de abril en el Parlamento Europeo, ayudará a aliviar la presión migratoria que soportan las regiones fronterizas, entre las que se encuentra Canarias. El acuerdo alcanzado entre los Veintisiete establece un marco legal que permitirá responder ante una crisis en el ámbito del asilo y migraciones y autorizará a los países frontera a pedir ayuda a la Unión Europea y a los Estados miembros. Es decir, ante una emergencia humanitaria provocada por un pico de llegadas, los migrantes se podrán repartir entre todas las regiones europeas.
La realidad es que el texto incluye aspectos que perjudican a la infancia migrante, según han alertado las entidades sociales. Detenciones en fronteras exteriores y aceleración de los procesos de evaluación de las necesidades de protección en las fronteras aumentan la probabilidad de no detectar algún riesgo para la seguridad y la integridad del niño. Precisamente el debate sobre la relocalización de migrantes entre los diferentes estados miembro es uno de los flecos que deja en el aire el nuevo pacto europeo. La ambigüedad de algunos pasajes del texto deja la ventana abierta a que los Veintisiete concreten planes nacionales, que deberán presentar ante la Comisión Europea en diciembre. Este paso preocupa, pues queda a merced del color político de cada país.
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El pacto tampoco pone solución a carencias estructurales como la responsabilidad del país de llegada, la reubicación obligatoria o los desiguales niveles de aplicación del sistema europeo común de asilo. La consecuencia es que, a falta de una regulación concreta, los niños migrantes quedan expuestos a mayores riesgos para su integridad física, mental, y el acceso a derechos básicos como salud y educación. Estas circunstancias, según las organizaciones humanitarias, dejan en una situación especialmente vulnerable a quienes huyen de un conflicto bélico, de la inseguridad alimentaria o de las consecuencias del cambio climático en busca de un futuro mejor en territorio europeo. Además, la nueva normativa europea socava el derecho de asilo, exponiéndolos al riesgo de detención, devolución y desamparo en las fronteras.
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