Un sueco, un irlandés, dos británicos, un granadino y dos murcianos. Parece el principio de un mal chiste, pero no lo es.
Originaria del norte de África, esta banda internacional de tráfico de cannabis habría transportado cargamentos de la droga por carretera a países de toda Europa y el Reino Unido.
La información recabada por la Guardia Civil en Madrid, recibida de informantes, y las pistas que fueron fruto de la vigilancia mostraron que siempre era transportado a través de España hasta su destino final siendo su almacenamiento generalmente en una nave industrial situada en el Polígono Industrial San Ginés de Alcantarilla.
La información fue trasladada al Equipo de Lucha contra el Crimen Organizado y Droga (Edoa) de Murcia, que detectó que la organización supuestamente utilizaba una ’empresa tapadera’ de distribución de pescado para encubrir sus actividades ilícitas, consiguiendo mover importantes cantidades de cannabis y hachís por diferentes rutas desde el sur y este del país.
La nave industrial estaba alquilada por la murciana LOV, de 45 años, y la sueca DR, de 48, y dedicada a la importación de fruta, aunque, en realidad y según consta en los autos judiciales, la instalación era utilizada como centro logístico para el almacenamiento y distribución de la droga.
En octubre de 2017, la Guardia Civil desplegó un operativo de vigilancia en el entorno del almacén donde los agentes observaron la entrada de varios vehículos, entre ellos una furgoneta y un camión en el que se cargaron dos palés de cajas que se presumía que contenían droga.
El vehículo recorrió unos 50 kilómetros y fue interceptado por agentes de la Jefatura de Tráfico de la Guardia Civil en el kilómetro 633 de la A-7, a la altura de Lorca. En el interior del vehículo, los agentes hallaron veinte cajas con 150 bolsas de plástico prensadas y envasadas al vacío, llenas de cogollos de marihuana con un peso de 190 kilos y un valor superior a los 200.000 euros. El conductor del camión, de 59 años y natural de Granada, VRM, fue detenido.
Durante la detención, su teléfono móvil no dejaba de sonar. El autor de la llamada era un número de móvil que aparecía con el nombre ‘Follaor’. Los agentes nunca localizaron a esta persona, pero la operación permitió la detención del resto de implicados, de nacionalidad británica, irlandesa y española, que desempeñaban distintas funciones dentro de la red.
Uno de ellos era el español PJR, de 55 años, que conducía un Audi A4 que hacía las veces de vehículo lanzadera, asegurando la ruta y avisando de cualquier posible presencia policial. Pero, como sospechaba Edoa, la red no se limitaba a España.
Durante la investigación se ha descubierto que el irlandés PD, otro de los acusados, de 75 años, mantenía contactos en Reino Unido para coordinar el traslado de grandes cantidades de estupefacientes. Otro de estos vínculos era SM, residente en Reino Unido, con quien PD se reunió en varias ocasiones para cerrar acuerdos de compraventa de droga en Alicante.
La información recabada durante la operación permitió la detención de otro británico, JW, de 75 años, que había estado en contacto con la Policía en la zona de Orihuela Costa para transportar hachís desde Granada.
JW fue interceptado, junto al español AFC, en un control policial de la autovía A-7 a la altura de Totana, donde se encontraron más de 3 kilos de hachís ocultos en los compartimentos ocultos de su vehículo. La droga tenía como destino Reino Unido.
Con los siete miembros de la red detenidos, la Guardia Civil registró los domicilios de los acusados. En la casa del murciano LOV –persona que alquilaba la nave para almacenar los 200 kilos de marihuana– los agentes hallaron una pequeña plantación con 63 plantas de marihuana y material utilizado para el cultivo en interior.
En el domicilio de PJR –responsable de la vigilancia– se intervino una máquina contadora de billetes y 9.500 euros en efectivo, dinero que los investigadores presumen procedente de la venta de droga. En otro registro realizado en el domicilio del policía inglés en Orihuela Costa se localizaron tres libretas con anotaciones sobre cantidades de droga y contactos relacionados con la actividad del narcotráfico.
Las pruebas recabadas por la Guardia Civil revelaron el nivel de sofisticación y organización de la red desmantelada. Además de los vehículos utilizados para el transporte, la red contaba con sus propios sistemas de vigilancia y desarrollaba complejas rutas de transporte para evitar los controles policiales.
El desmantelamiento de esta organización supuso un duro golpe al narcotráfico en la región y a las rutas internacionales de transporte de drogas. La operación puso de manifiesto la capacidad de las fuerzas de seguridad para infiltrarse en el entramado de las redes criminales y cortar el flujo de drogas desde su punto de origen.
Mientras tanto, los siete acusados se enfrentaron la semana pasada a un proceso judicial con peticiones del Ministerio Fiscal de penas que oscilan entre los tres años y medio y los cuatro años y medio de prisión y multas por un total de dos millones de euros.
El abogado penalista Jorge Novella, que defendió a uno de los principales acusados, el murciano LOV, explicó que antes del juicio hubo un acuerdo con la Fiscalía por el que se rebajarían las penas si los acusados reconocían los hechos. Así, su defendido aceptó una pena de un año de prisión, que quedó en suspenso.
La misma pena se impuso al otro español, AFC. El resto de los acusados fueron condenados a dos años de cárcel, aunque tampoco irán a prisión. El acuerdo se determinó con la atenuante de las dilaciones indebidas en un proceso que ya lleva siete años en marcha.