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El documento que ofrece El Periódico de Catalunya a sus lectores es esencial para conocer lo que podría llamarse el viaje de cuatro días del fiscal Álvaro Redondo desde la aceptación el día 26 de enero de imputar a Carlos Puigdemont por en el caso Tsunami Democràtic hasta el martes 30 en el que se produce el cambio de posición, en el que se apoya en el mismo documento para decir lo contrario: rechazar la exposición razonada del juez García Castellón.

Tras enumerar casi literalmente los hechos de la exposición, el fiscal señala que “el patrocinio intelectual y ético del señor Puigdemont”. [al Tsunami] no era otro que desestabilizar gravemente las estructuras económicas de Españaobligando a los poderes públicos a negociar la autodeterminación de Catalunya”.

Añade “que la participación del señor Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de afectar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, puede considerarse al menos en este momento procesal, como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo” (subrayado original)

Sigue. “Estas actuaciones afectaron gravemente los derechos humanos. En primer lugar, se afectó la integridad física y moral de los funcionarios de policía autonómica y estatal…”. El fiscal advertía: “En todo caso, el principio penal de alternatividad determina que, incluso en el supuesto de que consideráramos que (no) se perfilan todavía de modo claro, los elementos del delito de terrorismo, el delito contra el orden público constituido por los desórdenes, así como las lesiones graves que concurren con tal tipo penal, aparecen subsidiariamente con toda nitidez