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En 1999, el promotor inmobiliario alemán Matías Kuhn adquirió 37.000 metros cuadrados de terreno en Puerto Sóller. Treinta años antes, el urbanismo había clasificado este suelo como urbanizable. En 1990 el Ayuntamiento de Sóller concedió la licencia de obra, aunque ésta quedó suspendida hasta 2004, cuando el Ayuntamiento reconoció que se podía urbanizar.

En 2004, sin embargo, hubo una moratoria en el desarrollo de estos suelos mientras se tramitaba el Plan Territorial de Mallorca. Cuatro años más tarde, el gobierno balear introdujo su medidas urgentes para el desarrollo territorial sostenible en Baleares. En los apéndices de esta ley se especificaron y cartografiaron varias parcelas de tierra. Entre ellos se encuentran los 37.000 metros cuadrados de Puerto Sóller – MuletaII. La reclasificación del terreno impidió cualquier desarrollo.

Cuando Kühn compró el terreno, ya se habían establecido algunos servicios (carreteras). Esta sería la historia de algunas otras tramas que fueron reclasificadas en 2008 y que elevaron así demandas de compensación que se hicieron posteriormente (e inevitablemente). Se había creado una especie de infraestructura que indicaba que iba a haber desarrollo. Kühn fue uno de los otros propietarios que presentaron demandas para obtener una compensación.

Entre 2013 y 2017, el terreno podría haberse urbanizado. Esto fue gracias a un acuerdo entre Kühn y el gobierno por el que Muleta II volvió a ser clasificada como suelo urbanizable. El Ayuntamiento de Sóller se resistió a tramitar la solicitud de urbanización, y en 2017 el terreno volvió a ser -y definitivamente- clasificado como suelo protegido.

Las empresas de Matthias Kühn se vieron afectadas por bancarrota. Uno de ellos, Birdie Son Vida, tenía como activo a Muleta II. En 2018, un fondo inmobiliario con sede en Luxemburgo adquirió Muleta. Su valoración fue de 160.000 euros. El terreno tiene un uso muy limitado. No se puede desarrollar para chalets de lujo, eso seguro. Esto era lo que Kühn había planeado y que habría sido permitido según el acuerdo de 2013 con el entonces gobierno. Por este motivo, el actual Gobierno balear debe pagarle una indemnización de 96 millones de euros.