El demoledor informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las llamadas “leyes de concordia” aprobadas por los gobiernos de PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León ha sentado muy mal a populares y ultras. Desde ambas formaciones han cuestionado el papel del organismo internacional, poniendo en duda las conclusiones elaboradas por varios de sus expertos, y han cargado directamente contra la ley de memoria democrática que aprobó el Gobierno de coalición en la pasada legislatura.
El informe, redactado de manera conjunta por el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH, señala que las tres normas vulneran diferentes preceptos de los tratados internacionales suscritos por España. En concreto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Sin embargo, los populares no lo ven así. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha puesto en duda directamente la credibilidad del informe, señalando que “posiblemente” sus autores “desconocen” el contenido de estas leyes aprobadas por los gobiernos de PP y Vox. Así mismo, ha apuntado que, seguramente, la ONU tampoco tiene información sobre la ley de Memoria Democrática que, según Gamarra, “impuso” EH Bildu para modificar lo que supuso la Transición.
“Ese revisionismo creo que es el que no merece la sociedad española y es al que el PP le pone todas las pegas, y no solo eso, sino que tenemos muy claro que la Transición es uno de nuestros mejores periodos en nuestra historia”, ha sentenciado en una entrevista en Antena3. El “revisionismo” al que se refiere Gamarra es la creación, por ley, de una comisión que elabore un informe sobre “supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” entre la aprobación de la Constitución y finales de 1983. La intención era estudiar casos como el asesinato de la estudiante Yolanda González a manos de la extrema derecha en 1980.
La reacción de Vox ha sido aún más contundente. “¿Quiénes son? ¿Quién les ha nombrado? ¿Ante quién rinden cuentas? ¿Quién les paga? ¿Cómo podemos echarlos?”, se ha preguntado el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, sobre los relatores de la ONU antes de acusarlos de “atacar la democracia”. Fuentes del partido de extrema derecha han tildado el informe de “una burda estafa publicitaria” y, apelando a sus teorías conspiranoicas, sostienen que la ONU actúa una vez más con el objetivo de “auxiliar a los gobiernos obedientes con la Agenda 2030 cuando necesitan una cortina de humo”. Así, aseguran que no van a “ceder ni un milímetro”.
Los territorios
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También se han producido reacciones desde las tres comunidades autónomas cuestionadas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que desconoce el contenido del informe y que deberá leerlo “con detenimiento” antes de explicar “que es lo que están dispuestos a hacer”, aunque la ley aún no está aprobada. Desde Valencia, su homólogo, el también popular Carlos Mazón, tampoco conocía el informe, pero ya ha apuntado que la ONU “en ningún caso, ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana”. En este sentido, ha defendido que la ley valenciana, aún en tramitación, “busca la concordia y blinda los derechos”.
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Por último, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha denunciado de los “errores de bulto” y “bulos” del informe, del que dice que se ha enterado por los medios de comunicación, porque en su comunidad no se ha aprobado ninguna ley, sino que se ha derogado la ley de memoria democrática y se ha anunciado un plan de concordia “en el que todo el mundo pueda verse reflejado”.