El rey Felipe VI aparecerá, este jueves 5 de septiembre, en el centro del Salón de Plenos del Tribunal Supremo flanqueado a su derecha por el presidente o presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el caso de que los 20 vocales reunidos el lunes 2 de septiembre procedan a su elección, y a izquierda por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Junto a este se sentará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien el Rey dará la palabra primero para presentar la memoria anual sobre la actividad, la evolución de la criminalidad, prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia. En segundo lugar, la palabra será dada al presidente o presidenta del CGPJ para presentar su memoria sobre el funcionamiento de los tribunales, siempre en el caso de que el 2 de septiembre, según se ha señalado, tenga lugar la fumata blanca. Si así no fuera, tendría que intervenir el actual presidente en funciones, Francisco Marín. Un fiasco.
El último acto de apertura del año judicial con participación del presidente del CGPJ tuvo lugar en septiembre de 2022, cuando Carlos Lesmes, al borde de la dimisión, esperó todavía unas semanas más para tirar la toalla, lo que sucedió finalmente en octubre de 2022. En 2023, comparecieron dos presidentes en funciones: el del Supremo, Francisco Marín, y el del CGPJ, Vicente Guilarte. Y a seis días del acto, ningún observador del mundo judicial se atreve a vaticinar no ya quién será la presidenta o el presidente sino si habrá decisión sobre ello en el Pleno del CGPJ convocado para las 17:00 horas del próximo lunes, día 2 de septiembre.
“Será como el colegio cardenalicio. Nos tenemos que encerrar y no abandonar el Pleno hasta decidir”, dijo un vocal conservador a EL PERIÓDICO. “Todos somos conscientes de que no podemos hacer un ridículo tan grande. Pero a tres días del cónclave también te digo: no las tengo todas conmigo”, añadió.
La elección supondría centrar toda la atención en la figura de la flamante personalidad de quien ocupa la presidencia -por la ley de paridad que entró en vigor el 22 de agosto, 60-40%, el Pleno debería elegir una mujer, ya que de lo contrario se serían 13 hombres y 8 mujeres. El sector conservador cuestiona esta forma de interpretar la ley de paridad y su aplicación al CGPJ. “La paridad vale para los vocales. Y estamos cumpliendo con 12 vocales hombres y 8 vocales mujeres. Pero no es aplicable a la presidencia, porque quien la ejercerá no es vocal”, señaló la fuente consultada del sector conservador.
Si no hay presidenta o presidente del CGPJ todavía el jueves 5 de septiembre, el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es quien acapararía los cuchicheos y comentarios. Y no precisamente por el informe anual que habrá rendido.
No, claro que no. El Fiscal General del Estado acude con una espada de Damocles literal sobre su cabeza cuál es la próxima decisión que tiene en agenda la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, sobre si admite o no la exposición razonada del juez de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Goyena, según la cual se debe investigar a García Ortiz por el delito de revelación de secretos al ordenar la difusión de una nota informativa a su subordinada, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien se lo desaconsejó sin éxito, y que cursó al recibir la orden por escrito (vía Watsapp).
García Ortíz asumió finalmente la responsabilidad de salir al ruedo público para contrarrestar un correo electrónico reservado, filtrado a medios afines por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Rodríguez pretendía manipular una información sobre dos delitos fiscales cometidos -y confesados- por Alberto González Amador, pareja de la presidenta. González Amador propuso en febrero de 2024 un pacto a la Fiscalía de Madrid sobre la base de admitir dos delitos fiscales y pagar hasta 500.000 euros para evitar la cárcel. El jefe de gabinete de Díaz Ayuso, en cambio, presentó ese correo como prueba de que el pacto era iniciativa de la Fiscalía, usando precisamente un solo correo de la serie intercambiada por los asesores de González Amador y los fiscales.
El fiscal general del Estado, en efecto, participó con su acción en una guerra político-judicial en la que, como le había recomendado la fiscal superior Lastra, la Fiscalía debía limitarse a desmentir la manipulación de Miguel Ángel Rodríguez, sin entrar en detalles. Son esos detalles los que, según el magistrado Goyena, en línea con la querella de presentada por González Amador, entiende como una revelación de secreto en relación con unos hechos reservados.
Sin prisas
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Fuentes del Supremo han señalado a EL PERIÓDICO que se aborda el asunto “sin prisas”. La Sala Segunda tendrá que fijar posición ante la exposición razonada: solicitar informe a la Fiscalía del Supremo (que ya pidió en el procedimiento del TSJM el archivo de las actuaciones, sin éxito) y nombrar un magistrado ponente. Y a continuación debe adoptar un criterio: admitir o rechazar la exposición razonada. Si la admite habrá de nombrar un magistrado instructor, quien dirigirá la investigación.
Fuentes judiciales han señalado a este diario que Álvaro García Ortíz ya ha tomado una doble decisión. “Ni dimitirá a su cargo de FGE si es imputado por el Supremo ni se apartará, aunque sea temporalmente, de sus funciones de fiscal General del Estado durante la investigación en favor, por ejemplo, de la teniente fiscal, Ángeles Geli Sánchez Conde”, enfatizó una fuente judicial.
Es que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no contempla la necesidad de que el FGE se aparte de sus funciones durante una investigación. “En efecto”, señala un fiscal a este diario, “no está en el Estatuto, pero parece muy difícil que no tenga que apartarse mientras se investiga”. Con todo, no es el único problema que aqueja a García Ortíz. En próximas fechas, la sección cuarta de la Sala Tercera, que preside Pablo Lucas, el presidente en funciones de toda la Sala -y candidato a presidente del CGPJ propuesto por los 10 vocales conservadores- tendrá que resolver un recurso contencioso-administrativo contra el nombramiento de García Ortiz como fiscal General del Estado. En otros dos recursos la sala anuló los nombramientos de Dolores Delgado por parte de García Ortíz como fiscal de sala togada militar –“por desviación de poder”- y también como fiscal de sala de Memoria Democrática -una decisión en la que la magistrada Pilar Teso, candidata a presidir el CGPJ por el sector progresista, discrepó y presentó voto particular.
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido el epicentro de la investigación que ha empujado a García Ortiz hacia el banquillo del Supremo, pero no solo, porque también lo es para las querellas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su esposa, Begoña Gómez, contra el juez Juan Carlos Peinado, que impulsa las diligencias sobre el presunto tráfico de influencias en cadena de la esposa del presidente.
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