Imagen de la reunión del Pleno del CGPJ, a 3 de septiembre de 2024. / Cedida
Más de un mes después de que los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial tomasen posesión del cargo -un hito histórico tras más de cinco años de bloqueo por culpa de las intransigencias partidistas- y después de numerosas reuniones infructuosas, finalmente los nuevos vocales han llegado a un acuerdo para designar a su presidente. Por primera vez será una mujer, la magistrada Isabel Perelló, rompiendo por primera vez el techo de cristal en la carrera judicial, en la que las mujeres ya son mayoría aunque esa realidad no se había reflejado aún en lo más alto de su cúpula.
La buena noticia no debe hacer pasar por alto que la resolución debería haber sido más ágil, y más teniendo en cuenta el retraso acumulado en la renovación del órgano. Tampoco que el proceso de elección ha puesto de manifiesto de nuevo, hasta el último minuto, que sigue vigente la lógica de los bloques, aunque esta vez no haya sido practicada por los partidos sino por los propios vocales recién designados. Porque no hay que olvidar que el sistema de elección de los vocales ha seguido la lógica tradicional, es decir un reparto de contingentes de vocales que satisfagan al PSOE y al PP, aunque en esta ocasión, como novedad, no se hacía formalmente extensivo el acuerdo entre los partidos a la elección del presidente sino que se reconocía que este sería nombrado por parte de sus miembros, que es exactamente lo que contempla la ley.
Los sucesivos vetos cruzados entre los candidatos a presidente preferidos por parte de los distintos partidos han impedido el nombramiento de esas personas. Y que eso haya conducido a la elección de una candidata capaz de recoger apoyos transversales, como ha sucedido con Perelló, sería digno de celebración si no fuese porque esos vetos han reproducido el clásico y perverso enfrentamiento de bloques ideológicos conservador y progresista.
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Ahora el CGPJ, ya a pleno rendimiento y a las puertas de la apertura del año judicial, el inminente acontecimiento que ha acelerado el final de este pulso, debe recuperar el tiempo perdido y cumplir sin más dilación sus funciones, en particular hacer los nombramientos que permitan cubrir las numerosas vacantes existentes en los diversos niveles del poder judicial y que impiden que este poder pueda actuar con normalidad. Pero además consejo tiene encomendada otra función, según se desprende del acuerdo entre PP y PSOE que permitió proceder a la renovación sus miembros. Se trata del encargo de elaborar una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial que deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintas partes del CGPJ y trasladada a las Cortes Generales y al Gobierno. La petición resulta insólita porque no es misión del CGPJ proponer modificaciones legislativas -para eso ya están el poder legislativo y el poder ejecutivo- pero la iniciativa puede tener la virtud, a fin de satisfacer el quorum requerido, de llevar a que se generen amplios consensos. Y eso es justamente lo que resulta deseable para garantizar un funcionamiento óptimo del órgano rector de jueces y magistrados, acuerdos al margen de los bloques ideológicos porque ello contribuiría a que el poder judicial fuese percibido y actuase como un poder independiente de las mayorías ideológicas o partidistas.
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