El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, justifica que seguirá al frente de la institución, tras haber sido imputado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en que considera que es lo “menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”, así como que hacerlo “refuerza la independencia de la fiscalía española“.
En un comunicado difundido tras conocer el auto del Supremo, García Ortiz dice ser “consciente de la repercusión pública de la noticia” de su imputación, la primera que se produce en España de un fiscal general en ejercicio y asegura no desconocer “la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales“.
“Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales”, explica García Ortiz, como ya había anunciado desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevó una exposición razonada en su contra por un delito de revelación de secretos por la nota informativa sobre el intento de conformidad que había enviado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al fiscal que le investiga por dos delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil.
El fiscal general ha convocado para este jueves a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para “hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento” que le asisten en el cargo.
El escrito admite que la apertura de causa por el Supremo para investigarle le “impone la máxima prudencia” en sus pronunciamientos para que no puedan interpretarse como una inferencia o un intento de influencia a los magistrados. Pero considera que, dado que nunca ha habido un fiscal general en su situación, debe realizarse “una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del ministerio fiscal, sino en toda la Justicia española”.
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Con ello se refiere a que entre las competencias que la Constitución y el Estatuto Fiscal confieren al ministerio público está la de “informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”, en referencia a que la nota que emitió la fiscalía desmentía una información del diario ‘El Mundo’ en la que se presentaba como un ofrecimiento del fiscal del caso, que habría sido frustrado por sus superiores, lo que en realidad partía de la defensa de González Amador, dispuesto a asumir la autoría de los dos delitos fiscales que se le imputan.