[–>
“Garantizar el acceso a la vivienda es un deber de país; iremos todos juntos para ganar la batalla”, proclamó el president Salvador Illa en el debate de política general el 8 de octubre en el Parlament. Desde entonces, el aumento del parque público para tratar de abaratar los precios se ha convertido en la carpeta primordial de la agenda del Govern, con el horizonte de alcanzar la cifra de 50.000 pisos en seis años y una inversión de 4.400 millones anunciada para una sola legislatura. La necesidad es tan grande y el lastre para la emancipación de los jóvenes tan pesado, que el Executiu tiene el ojo puesto en recuperar planes para construir barrios enteros nuevos, según ha podido saber EL PERIÓDICO. La vivienda y la financiación singular se han convertido en los dos pilares de la estabilidad de Illa, ya que se trata de las dos carpetas que cohesionan la mayoría con los Comuns y ERC a la que el PSC ha atado su mandato.
En estos momentos, la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica está analizando las llamadas Áreas Residenciales Estratégicas (ARE), una figura estatutaria aprobada en el año 2007 durante la presidencia de José Montilla y que fue concebida para poner a disposición suelo para construir 100.000 viviendas, la mitad de ella protegida. La previsión con la que trabajan es que en las próximas dos semanas esté listo un recuento que determine cuántas de estas áreas no han sido desarrolladas lo suficiente, cuáles quedan descartadas y cuáles sí que se llevarán a cabo de la mano de los respectivos ayuntamientos. Hay tres especialmente avanzadas y relevantes por la magnitud de las ciudades en las que se ubican: el sector residencial de la Remunta, en l’Hospitalet de Llobregat; el del Eixample Sud de El Prat de Llobregat, y el barrio de la Montesa en Esplugues.
Si una cosa tiene entre ceja y ceja el president Illa es que su mandato deje huella en una cuestión que tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos, una bandera que hasta ahora había sido buque insignia, especialmente, de los Comuns, que buscan también meter baza en las políticas de vivienda aprovechando que son clave para la estabilidad del Govern. La legislatura arrancó marcada por la financiación singular pactada entre el PSC con ERC a cambio de los votos a la investidura, pero la lectura que se hizo rápidamente en Palau es que su agenda no podía quedarse enzarzada, únicamente, en un asunto que no forma parte de la conversación pública en la calle y que los ciudadanos perciben como lejano e incluso como munición entre partidos políticos.
Principal punto de la reunión con Sánchez
Prueba de que Illa quiere poner sordina a la discusión para que avance con discreción -hay que huir del “ruido”, suele decir- y poner en el centro del foco la vivienda es que este será el principal punto que llevará a la reunión con el presidente Pedro Sánchez el próximo viernes en la Moncloa. El objetivo es “sincronizar” el plan de Catalunya con el que tiene el Gobierno. Un plan para el que ha puesto en marcha un abanico de medidas. Una de las principales es la creación de una reserva pública de suelo para agilizar la construcción de nuevos pisos, tarea en la que ha involucrado a los ayuntamientos, a los que Illa quiere hacer partícipes de su mandato. Los delegados del Govern de cada zona están a cargo de la recopilación de terrenos para tener a principios de 2025 dónde se puede empezar ya a trabajar. En paralelo y buscando también resultados más a corto plazo, la Generalitat ha puesto en marcha un fondo público de emancipación para ayudar a los jóvenes a financiar el 20% de la entrada de un piso sin devolver el capital hasta el final del préstamo.
El presidente Salvador Illa con la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en la firma del pacto de investidura / JORDI OTIX
Todas estas medidas empezarán a encauzarse a través de los presupuestos de 2025, que el Govern prevé poder aprobar durante el primer trimestre del año que viene. Para ello tendrá que deshacer dos nudos no menores que tienen que ver con los recursos propios de la Generalitat que se destinará a vivienda en esas cuentas y con la regulación para poner coto al negocio del techo. Se trata de dos exigencias que hacen los Comuns, puesto que consideran que la construcción de nuevos pisos no debe basarse únicamente en la vía del crédito y que para garantizar el derecho a la vivienda hay que poner freno a la especulación.
Meses claves para los presupuestos
El jueves de la semana que viene el Govern se reunirá con el grupo de Jéssica Albiach para tratar de desencallar que el montante de recursos propios supere los 734 millones que preveían los presupuestos fallidos del anterior ejecutivo para 2024. Pero antes de que acabe el año el president Illa se ha comprometido también a tener listo el régimen sancionador para quienes incumplan los topes fijados por la ley de vivienda a los alquileres y sus socios prioritarios esperan también que la Generalitat actúe para regular, en el marco de sus competencias, los alquileres de temporada más allá de lo que suceda con esta cuestión en el Congreso. Así por lo menos se ha aprobado en el Parlament con el voto afirmativo del PSC, mientras los Comuns exigen más ambición a la hora de subir impuestos a los grandes tenedores que sigan comprando o a los pisos vacíos.
[–>
En los próximos meses acabará de definirse el perímetro en el que está dispuesto a moverse Illa, que más allá de si en 2026 la Agència Tributària de Catalunya estará recaudando todo el IRPF ha ligado el balance de su mandato a cuántos pisos públicos estarán realmente construidos en 2030 y a qué precios.
Suscríbete para seguir leyendo