El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado al término de su declaración al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, como imputado en el caso Koldo, que ha dado las explicaciones pertinentes y ha negado que el comisionista Víctor de Aldama le pagara comisiones como ya ha dicho “muchas veces”. También ha entregado documentación y se ha comprometido a hacer llegar al alto tribunal más material que acreditará su versión ante la justicia. “He dado las explicaciones suficientes, nada ha quedado en el tintero”, ha zanjado ante las preguntas de los periodistas, mientras que ante el instructor de la causa ha descargado cualquier responsabilidad en el que fuera su asesor Koldo García.
Ábalos afronta los indicios apuntados en los informes de la Guardia Civil (sobre contratos de mascarillas, el pago de un chalet y del alquiler de la que fuera su pareja, manejos para el rescate de Air Europa, o el conocimiento del viaje a España de Delcy Rodríguez) pero también ha sido interrogado sobre las últimas revelaciones realizadas por Aldama en relación con el cobro de hasta 650.000 euros de comisiones en efectivo, la contratación de su hijo por parte de la trama y un precontrato para poder acceder a un piso de lujo en Madrid que el comisionista valoró en 1,9 millones de euros a cambio de facilitar adjudicaciones a empresas del entorno del considerado nexo corruptor de la trama. Se le imputan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos.
A preguntas de los periodistas, tras algo más de tres horas de declaración, ha negado tajantemente la existencia de comisiones, pero se ha mostrado enfadado cuando fue preguntado por el piso que según la UCO de la Guardia Civil se facilitó a una de sus parejas. “Un respeto que esto es el Supremo”, ha dicho para negarse a responder. Al insistirle los periodistas, el exministro rehuyó la pregunta y se marchó.
La responsabilidad de Koldo
Fuentes presentes en la declaración han señalado a este diario que el que fuera ministro de Pedro Sánchez ha descargado cualquier responsabilidad en el que fuera su asesor en Transportes, Koldo García, negando de forma rotunda el cobro de comisiones por parte de la trama.
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El que fuera secretario de organización del PSOE llegó al Supremo en taxi unos veinte minutos antes de la hora de su cita acompañado de su abogado, José Aníbal Álvarez, un penalista cuyo prestigio se sustenta en intervenciones en causas de gran proyección mediática, como fueron los casos GAL y Malaya. En la sala, además del instructor de la causa, le esperaban el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, las defensas de Aldama y de Koldo García y un único representante de las siete acusaciones populares personadas, la que ejerce abogado del PP, Alberto Durán. Entre todos habían preparado unas 300 preguntas para Ábalos.
Sólo el PP pudo asistir
Ello motivó la queja del resto de letrados, que ven vulnerados los principios de igualdad de armas y de tutela judicial efectiva, ya que únicamente tendrán acceso a las actuaciones a través del letrado de los populares. Por ello han anunciado recursos. La decisión del instructor supone, a juicio de Luis María Pardo, de Iustitia Europa, su expulsión del procedimiento. Por su parte, el abogado de Hazte Oír, Javier María Sanz Roldán, destacó a las puertas del Supremo la importancia de su asistencia para comprobar el lenguaje no verbal de los comparecientes para poder ver las reacciones de los testigos e imputados. Marta Castro, de Vox, recordó que iban juntos en otros casos, y que ayer recurrieron la unificación, porque cada acusación tiene su punto de vista. Asegura que el no poder acceder a la sala raya el buen hacer de la administración de justicia.
Ábalos afronta los indicios apuntados en los informes de la Guardia Civil (sobre contratos de mascarillas, el pago de un chalet y del alquiler de la que fuera su pareja, manejos para el rescate de Air Europa, o el conocimiento del viaje a España de Delcy Rodríguez) pero también ha sido interrogado sobre las últimas revelaciones realizadas por Aldama en relación con el cobro de hasta 650.000 euros de comisiones en efectivo, la contratación de su hijo por parte de la trama y un precontrato para poder acceder a un piso de lujo en Madrid que el comisionista valoró en 1,9 millones de euros a cambio de facilitar adjudicaciones a empresas del entorno del considerado nexo corruptor de la trama. Se le imputan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el presunto comisionista del caso “pagaba de manera recurrente y periódica a Koldo una cantidad fija de 10.000 euros mensuales”, por los que éste posteriormente, “se prevalía de la influencia de Ábalos, y actuaba en beneficio del propio Aldama y de sus empresas”.
Ante el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, Aldama incluyó al exministro entre quienes habrían cobrado mordidas en metálico a cambio a cambio de favorecer los intereses de los empresarios que él avalaba ante diferentes administraciones bajo la órbita del PSOE.
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También denunció que Ábalos le reclamó un piso de casi dos millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid, a cambio de contratos de obras, aportando una relación de obra pública, preadjudicada, que se licitaría conforme a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2021, fundamentalmente por la Dirección de Carreteras” en la que habría subrayado las constructoras que resultaron adjudicatarias.