Pese al plante de la asociación mayoritaria en la carrera fiscal ( Asociación de Fiscales) y también de los representantes de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Álvaro García Ortiz ha seguido adelante este martes con la reunión que tenía prevista para avanzar en el análisis de la reforma del Estatuto propuesta por el Gobierno para adecuar esta institución a la nueva ley procesal que le atribuirá la investigación de las causas penales, algo que a día de hoy hacen los jueces.
Fuentes de la Fiscalía General han señalado a EL PERIÓDICO que el encuentro se ha llevado a cabo entre los técnicos y los representantes de la Unión Progresista de Fiscales, que sí acudieron a la convocatoria. Pese a la ausencia del resto de organizaciones profesionales, el plan de García Ortiz es llevar el asunto a un Consejo Fiscal antes del próximo 15 de junio, que es cuando hay que presentar la valoración al Ministerio de Justicia, y allí las discrepancias con la reforma podrán salir a la luz y, de no ser acogidas por la mayoría de los miembros de este órgano consultivo, expresarse a través de votos particulares.
Este lunes, la asociación mayoritaria, de corte conservador, anunció que no acudiría a la reunión en Fiscalía General al considerar que el texto del Ejecutivo de Sánchez ha sido elaborado al margen de la carrera fiscal y refuerza el poder del fiscal general sin introducir verdaderos contrapesos internos.
Según el Gobierno, sin embargo, se trata de avanzar de forma definitiva en el objetivo de otorgar la instrucción penal a los fiscales, y para ello el Consejo de Ministros de la pasada semana aprobó un anteproyecto reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que incluye disociar la duración del mandato del fiscal general del Estado y la del Gobierno, así como consolidar las causas tasadas para su cese.
La institución liderada por García Ortiz ya comenzó a trabajar en este asunto hace más de un año. En de abril de 2024, tras el informe unánime del Consejo fiscal sobre el Anteproyecto de Ley de la Ley de enjuiciamiento Criminal, se produjo la primera de las reuniones con los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para avanzar en la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de cara a una futura Ley de enjuiciamiento Criminal (LECrim). A ella sí acudieron todos los convocados.
Posteriormente, el 7 de mayo de 2024 fueron convocados de nuevo los representantes de las asociaciones para proseguir estos trabajos, tanto la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeux, como el presidente de la Asociación Profesional e Independiente, Miguel Pallarés, declinaron participar en ellos, no así la Unión Progresista de Fiscales que extendió la participación a toda la carrera.
Las asociaciones críticas advierten que la propuesta del Ministerio que dirige Félix Bolaños debilita al Consejo Fiscal, que es el órgano de representación democrática de los fiscales, y consolida un modelo de concentración de poder en el fiscal general sin garantía alguna para el ejercicio independiente de la labor del fiscal investigador.