¿Se imaginan a Carlos Neira, abogado y exalto cargo de Hacienda, que envió el correo y la propuesta de pacto de conformidad a la Fiscalía de Madrid el 2 de febrero de 2024 con la voluntad de su cliente, Alberto González Amador de cerrar el asunto, ratificando que eso fue lo que acordaron, en su próxima declaración ante el juez Ángel Hurtado? Es decir: que lo declarado por González Amador el pasado viernes 23 no es cierto.
Les daré, aparte de las razones que pueden imaginar –a saber, que se trata de un montaje, ya que no se ha querellado contra él durante todo un año desde que se conoció la propuesta–, una fundamental: González Amador declaró el viernes 23 como testigo, en este caso querellante contra el fiscal general del Estado, Álvaro García, con obligación de decir verdad.
Si Neira asume que elaboró el documento y envió el correo con conocimiento de González Amador –como no pudo ser de otro modo– la pareja de Ayuso habría cometido un posible delito de falso testimonio. El juez Hurtado debería, en tal caso, derivar una deducción de testimonio a los juzgados de la Audiencia de Madrid para que persiga un posible delito de falso testimonio (458-42 del Código Penal).
Porque miren ustedes cómo empieza su propuesta de pacto ocho folios firmada por Neira el 2 de febrero de 2024:
“ALBERTO GONZÁLEZ AMADOR acepta íntegramente i) los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito que adjuntamos a esta propuesta, así como ii) la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021, y iii) su autoría como administrador único y socia de la sociedad MAXWELL CREMONA INGENIERIA Y PROCESOS SOCIEDAD PARA EL FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE SL (en adelante MAXWELL).”
Con todo, González Amador explicó, a preguntas de Hurtado, que no había perdido su confianza en Neira. Es decir: la relación abogado-cliente que tenían se mantiene a pesar de los “destrozos” que le provocó tanto el correo como la propuesta de pacto al ser de dominio público.
Por tanto, la línea de la defensa consistirá en explicar, por parte de Neira -que está citado a declarar el viernes próximo, día 30 de mayo- que González Amador le dijo que solucionara los problemas planteados por la denuncia penal de la Fiscalía de Madrid y mantuviera contacto con ella.
“Pero autorizar al abogado a negociar es reconocer que –como así se desprende de los escritos– se iban a admitir los delitos. Porque si no, no hay negociación. Toda negociación con la Fiscalía requiere admitir los delitos. Y eso Neira, que tiene mucha experiencia, no pudo dejar de explicárselo”, señala una fuente consultada.
Lo que ha pasado es que González Amador ha querido defenderse de lo que se le imputa en el juzgado 19 de Madrid -los dos delitos fiscales y la falsedad de facturas- en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Allí, en calidad de imputado, no tiene obligación de declarar la verdad, pero en el Supremo, como testigo, está obligado a respetar esa verdad.
Ahora sabemos, pues, que ya no habrá definitivamente un pacto de conformidad sobre los dos delitos fiscales y las facturas falsas. Que González Amador irá a juicio con los otros imputados (proveedores de empresas fantasma y facturas ficticias) y que la Fiscalía de Madrid tendrá que probar los hechos sin confesión mediante (no tiene valor como prueba)
La batalla en la Sala Civil del Supremo
Pero hay otra derivada en esta telenovela. Y es la batalla civil: las demandas de protección del honor que la abogada Guadalupe Sánchez –quien también ha demandado en nombre del rey emérito al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla– ha anunciado contra todos aquellos que han calificado a González Amador de “defraudador confeso” o “delincuente confeso”.
La primera de ellas ya ha sido declarada vista para sentencia en la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo: la interpuesta contra la vicepresidenta María Jesús Montero. La abogada exige una retractación pública y una indemnización de 40.000 euros.
Pero es solo la punta del iceberg. Guadalupe Sánchez ha anunciado demandas contra Pedro Sánchez y otras 16 personalidades (ministros, políticos y periodistas), cuyas indemnizaciones podrían ser suficientes para pagar los 520.000 euros del pacto de conformidad que se negociaba, y que, según hemos apuntado, ya no tendrá lugar.
Porque que se estaba muy cerca de alcanzar dicho acuerdo es una realidad que el propio equipo de Díaz Ayuso ha señalado. En sus dos entrevistas, concedidas el 9 de enero, tras declarar en el Supremo ante el juez Hurtado, Miguel Ángel Rodríguez explicó a Susanna Griso y a Risto Meijide, respectivamente, que se podía llegar a un acuerdo.
Ahora, González Amador y su defensa han subido la apuesta. La pareja de Ayuso y sus proveedores de facturas ficticias, que obedecen a la defensa, se sentarán en el banquillo del juicio oral.
Pero todo esto ahora tendrá que pasar por el juzgado 19 de Madrid. Hurtado podría enviar de oficio una deducción de testimonio de la declaración del viernes pasado a la juez Inmaculada Iglesias. Pero si no lo hace, la juez, la Fiscalía y las partes lo solicitarán.
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