La cuenta atrás ha comenzado para la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. La medida estrella de Yolanda Díaz afrontará un examen decisivo el próximo 22 de julio en el Congreso, donde se decidirá si la norma continúa su trámite o si salen los vetos que han presentado PP, Vox y Junts en forma de enmienda a la totalidad. Los números no están asegurados a día de hoy por el rechazo de Carles Puigdemont a la reforma, y las negociaciones permanecen encalladas. Un escenario inquietante para Sumar, que veía esta medida como una tabla de salvación para tomar impulso político y marcar la agenda, y que ahora reclama al PSOE “empujar” la reducción de jornada para evitar una derrota que, advierten, será para el conjunto del Gobierno.
La crisis abierta en el ala socialista por el escándalo de corrupción de Santos Cerdán se ha percibido en Sumar como una oportunidad para cobrar protagonismo. El presidente Pedro Sánchez incluyó sus medidas en el plan estatal contra la corrupción que anunció el miércoles en su comparecencia, asumiendo diez propuestas de los de Yolanda Díaz de un total de quince. Pero los socios minoritarios del Gobierno no parecen confirmarse; ahora reclaman fijar un calendario para estas medidas, además de avanzar en el paquete social que Moncloa se reserva para la vuelta del verano.
El el ala minoritaria de la coalición llevan semanas presionando al PSOE para que emprenda lo que han venido a llamar el “giro social” a la legislatura, reclamando aprobar medidas en este sentido. La vicepresidenta segunda llegó a afirmar el miércoles desde la tribuna del Congreso que el Consejo de Ministros sacará este mes de julio la retribución de cuatro semanas de permisos parentales para la familias con hijos de hasta ocho años y anunció la ampliación de los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas. Este sábado, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, aseguró que el martes Sumar llevará estas propuestas al Consejo de Ministros. Aunque los anuncios no pasarán de la mera proclama hasta que el ala socialista del Gobierno dé su visto bueno y acceda a su aprobación.
La reducción de jornada entra dentro de esta agenda social que reclama Sumar, que ve la debilidad del PSOE como un motivo de peso para que los propias socialistas trabajen para que salga adelante y evitar que naufrague la reforma. Algunos cargos públicos de la coalición de izquierdas creen que después de la crisis abierta en el seno de la coalición, “el PSOE tiene que implicarse” para aprobar la norma.
En el Ministerio de Trabajo coinciden en que el ala socialista debe ahora “empujar” la norma y asumirla como propia, presionando públicamente para su aprobación. Consideran que es “una medida de todo el Gobierno”. El fracaso de esta norma, advierten algunas voces de la plataforma de izquierdas, se entendería como una derrota de todo el Ejecutivo, y no sólo del ala de Sumar. Una derrota que llegaría en un momento de especial debilidad, tras haber salvado los muebles en la comparecencia de Sánchez pero con la presión de los socios por dar un impulso legislativo y aún con gran parte del acuerdo de Gobierno pendiente de cumplir.
Hasta ahora, el ala socialista del Gobierno se ha desentendido de la reducción de la jornada laboral, convencidos desde hace meses en que descarrilará en el Congreso. Una manera de descargar una posible derrota en Yolanda Díaz después del pulso que mantuvo con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en enero. Por entonces, el dirigente socialista abogaba por negociar la norma antes de aprobarla en Consejo de Ministros, pero la titular de Trabajo y líder de Sumar mantuvo un pulso para que el Gobierno diera luz verde al texto firmado con los sindicatos, posponiendo los posibles cambios a la tramitación parlamentaria. Pero lo cierto es que no ha habido grandes avances con Junts, cuyos siete diputados son imprescindibles para que den los números.
Desde el Ministerio de Trabajo defienden que las negociaciones se han pilotado en todo momento desde ese departamento, y defienden que así debe seguir siendo. Aunque muchos de los grandes acuerdos firmados por Junts con el ala socialista para apoyar determinadas leyes implicaban cesiones en otras materias, los de Yolanda Díaz apuntan a que en esta ocasión las negociaciones se han centrado en la materia laboral, y el partido de Carles Puigdemont tampoco ha hecho reclamaciones de otro tipo. Reclamaciones que, por otra parte, el ala minoritaria del Gobierno tampoco podría ofrecerles.
La propia Yolanda Díaz mantiene un canal abierto con Puigdemont, aunque las negociaciones con Junts se dan a nivel técnico y están pilotadas por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El discurso público en Sumar es que esas conversaciones “avanzan” y que la reforma se aprobará, aunque en privado muchos expresan abiertamente sus dudas, y en Trabajo afean a los posconvergentes su poco interés en llegar a acuerdos durante las negociaciones. Aun así, todos coinciden en la necesidad de que todos los partidos “se retraten” en el Congreso, convencidos de que también el PP tendrá que explicar su posición.
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