Pese a los diferentes sistemas de justicia constitucional, los 85 representantes de tribunales y cortes constitucionales reunidas en Madrid han coincidido en destacar la importancia de la independencia judicial, porque “no es un privilegio de la magistratura, sino una salvaguarda para todos, una garantía de que los derechos se defienden sin miedo ni favoritismos”, sobre todo en un contexto en el que muchos de ellos viven amenazas más o menos veladas y en ningún caso “ni hipotéticas ni aisladas”.
Adquieren forma de “injerencias políticas en los nombramientos, retrasos en la ejecución de sus decisiones o campañas dirigidas a minar la confianza pública en ellos”. En los casos más extremos se ha intentado incluso debilitar el control constitucional mediante restricciones presupuestarias o procesales. De hecho el propio presidente del Tribunal Constitucional español, Cándido Conde-Pumpido, se quejó durante el VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional de los ataques que sufre la corte de garantías española y cómo se trata de obstaculizar el cumplimiento de sus resoluciones, si no les gustan, como entiende que ocurrió con la sentencia de los ERE que la Audiencia de Sevilla llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En las conclusiones del encuentro, que ha reunido en Madrid a más de 300 participantes, figura que la legitimidad de los tribunales constitucionales reside precisamente en el mandato constitucional, en la transparencia procesal y el valor de gobernar de acuerdo con la ley, también cuando las decisiones son políticamente inconvenientes. Sus sentencias, recuerdan, crean marcos jurídicos que perduran más allá de ciclos electorales y programas políticos.
Próximas generaciones
Y ello supone garantizar la dignidad y los derechos de las generaciones futuras como un imperativo constitucional, de tal forma que se conjuraron para velar por que “las decisiones judiciales de hoy no hipotequen las libertades de mañana”. La vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que presidía la mesa al respecto, ha subrayado que “cada generación tiene el deber ineludible de salvaguardar los derechos de las que están por venir, no actuar solo en función de los intereses del presente”.
“Sus decisiones no solo corrigen vulneraciones de derechos fundamentales, sino que contribuyen a orientar políticas públicas, limitar los excesos del poder y trazar el rumbo hacia un desarrollo más equitativo y sostenible”, añadió, informa el Tribunal Constitucional.
Los participantes han subrayado también el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, para lo que han resaltado su capacidad para resolver asuntos relativos a daños medioambientales y para aplicar la justicia climática. La jurisdicción constitucional se compromete a defender marcos jurídicos que impidan daños ecológicos irreversibles y que confirmen las obligaciones del Estado para las generaciones futuras.
El VI Congreso Mundial también ha concluido que la conectividad digital, el acceso justo a la información y la gobernanza ética de las tecnologías emergentes son elementos vitales para el desarrollo humano. Para ello, es imperativo que los tribunales y cortes protejan a las personas contra los abusos de la vigilancia, la discriminación algorítmica y las violaciones de la privacidad de datos. El acceso equitativo a la infraestructura digital ya los sistemas de conocimiento son cuestiones por las que también tienen que velar.
Otro de los puntos aprobados por la Conferencia ha sido la necesidad de anticiparse a las violaciones de derechos humanos. No solo responder a ellas: los tribunales están llamados a establecer estándares jurídicos claros ya promover la concienciación, previendo el abuso antes de que se produzca.
Montalbán, junto a la directora de la Comisión de Venecia, Simona Granata, también ha querido destacar el legado y aportación de las mujeres en el desarrollo de los derechos humanos, “muchas veces invisibilizados”. En su opinión, los retos planteados en la Conferencia han afectado y afectan a las mujeres de forma especialmente intensa, y por ello es necesario que participen en la toma de decisiones para resolverlos.
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