El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo el viernes que su gobierno de izquierda aceleraría los pasos para intentar disolver la Fundación Francisco Franco, en un discurso pocas semanas antes del 50 aniversario de la muerte del dictador.
La organización de extrema derecha fue creada en 1976 para honrar la memoria del general respaldado por los fascistas que derrocó a una república democrática en una brutal guerra civil de 1936 a 1939 y gobernó con mano de hierro hasta su muerte en 1975.
El gobierno de Sánchez ha trabajado para reparar injusticias pasadas, en particular a través de una ley de memoria democrática de 2022 que honra a las víctimas de la dictadura y presiona a los gobiernos locales para que eliminen los símbolos del régimen.
Comenzó a recopilar pruebas sobre la fundación en 2024 con miras a solicitar su disolución ante las autoridades judiciales.
“Hay un esfuerzo lento pero constante por deslegitimar la democracia. Se empieza llamando al revisionismo ‘concordia'”, advirtió Sánchez durante un acto en Madrid en el día oficial de recuerdo de las víctimas de la dictadura.
Sánchez citó una encuesta reciente en la que más de una quinta parte de los españoles pensaba que la dictadura era “buena” o “muy buena”, a la que calificó como “resultado del revisionismo que busca oscurecer nuestra historia, nublar nuestro presente”.
“Aceleraremos el procedimiento para impulsar legalmente la disolución de la Fundación Francisco Franco”, afirmó Sánchez.
El ministro de Cultura, de izquierda, Ernest Urtasun, dijo a los periodistas que el gobierno había informado a la fundación de su decisión de continuar con el proceso, un paso antes de que los tribunales decidan la disolución.
La fundación contraviene la ley de memoria democrática, “porque no persigue el interés general, porque glorifica el golpe y porque humilla a las víctimas”, afirmó Urtasun en Barcelona.
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La oposición conservadora dice que el gobierno está tratando de reabrir las heridas del pasado y distraer la atención de los escándalos de corrupción a través de sus esfuerzos por la memoria democrática, y promete derogar la ley de 2022 si regresa al poder.
La Fundación Francisco Franco negó que sus actividades humillaran a alguien o incitaran al odio, calificando la medida como “una violación escandalosa” del derecho constitucional a la libertad de ideología y expresión.
“La sombra de las sospechas más graves de corrupción se cierne sobre este gobierno socialcomunista. Sólo en este contexto debería situarse una decisión tan carente de fundamento jurídico”, afirmó en un comunicado.