Renfe volverá a indemnizar a los viajeros por retrasos de más de 15 minutos en la alta velocidad. El pleno del Congreso ha aprobado este jueves algunas de las enmiendas que introdujo el Senado en el proyecto de ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga al Ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, que el ministro Óscar Puente había modificado el pasado 1 de julio. Desde entonces, Renfe devuelve la importación íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos de hasta entonces), y el 50% con demoras de más de 60 minutos (15 minutos antes). El PP ha obtenido el respaldo de Vox, ERC, Junts y Podemos para sacar adelante la enmienda. Igualmente, el Congreso ha avalado, en este caso con el apoyo de Vox, UPN, Junts y PNV, la enmienda que introdujo el PP en el Senado para garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del transporte estatal por autobús en los pueblos.
El sistema que obliga al pago de indemnizaciones a Renfe no es baladí. Por una parte, puede ser un incentivo para que los viajeros escojan Renfe frente a otras compañías. Pero, por otra parte, puede ser un serio varapalo para el operador en el caso de incumplimiento de los horarios por una obligación indemnizatoria que los competidores no tienen. Renfe cambió las cláusulas de compensaciones al viajero en medio de una crisis operativa y una guerra de precios que motivó fuertes pérdidas a la compañía. La cifra en indemnizaciones por demoras fue de 42 millones de euros en 2023 y se pagaban, y se sigue haciendo, independientemente de las causas de los incumplimientos con el horario.
La diputada socialista Cristina López Zamora ha dicho en la tribuna del Congreso que la enmienda que obliga a indemnizaciones a Renfe “castiga a lo público, obligando a indemnizaciones que no se exige a los competidores”. La respuesta de la popular Ana Martínez Labella ha sido: “La puntualidad también es un derecho”.
Pese a la nueva normativa, Renfe evaluará la fórmula jurídica para seguir aplicando las compensaciones vigentes, que defiende que son las más ventajosas del sector para los usuarios, y señala que unas diferentes a las actuales dejarían a la compañía en inferioridad de condiciones respecto a sus competidores. Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que la enmienda del PP para que Renfe recupere sus anteriores compensaciones es “una operación demagógica y un brindis al sol populista”, que no va a tener impacto sobre los usuarios.
Fuentes de la operadora han asegurado que la enmienda solo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no a otras compañías como Ouigo e Iryo. “Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España”, sostiene Renfe. A juicio de la operadora española, pedir estas compensaciones solo a una empresa, en un régimen de competencia en los servicios comerciales, es condenar a la compañía y a los trabajadores públicos a competir en clara desventaja. Por ello, Transportes defiende que si se quiere regular “de forma seria” se debería obligar a todos los operadores tengan a devolver el dinero cuando haya retrasos de menos de 60 minutos, aunque “esto puede ocasionar una subida de precios para pagar las multas, que también se sepa”.