El estancamiento político en San Fulgencio ha escalado más allá del nivel municipal, convirtiéndose en un punto de confrontación en el Parlamento Valenciano y resaltando los límites de los mecanismos legales y políticos para resolver las crisis de gobernanza local.
En esta localidad de la Vega Baja, de unos 10.000 habitantes, la situación sigue sin resolverse desde junio, cuando se frenó abruptamente un intento de derrocar al actual alcalde, José María Ballester, del Partido Popular. Se había organizado una moción de censura para devolver al socialista José Sampere a la alcaldía, pero la sesión plenaria necesaria para votar la moción fue suspendida por una presidencia provisional controlada por concejales del PP.
Lo que siguió fue un prolongado impasse institucional. Aunque inicialmente un tribunal falló a favor del PSOE ordenando la celebración del pleno, el proceso se ha vuelto a estancar. La Fiscalía se ha opuesto a la ejecución de esa sentencia, argumentando que la votación no debería proceder hasta que el Tribunal Superior de Justicia resuelva un recurso interpuesto por el PP. Como resultado, el municipio sigue atrapado en un limbo legal, sin ningún mecanismo que funcione para resolver la disputa por el liderazgo.
Esta parálisis ha llamado la atención política a nivel regional. El diputado socialista Ernest Blanch planteó la cuestión en el parlamento, calificándola de fracaso democrático e instando al gobierno regional a actuar. Pidió la creación de salvaguardias para evitar que las autoridades locales bloqueen los votos mediante el control procesal, argumentando que tales situaciones socavan la legitimidad de las instituciones municipales.
Sin embargo, el ministro de Presidencia, José Luis Díez, rechazó la propuesta. Si bien reconoció la gravedad de la situación, sostuvo que la Generalitat carece de competencia legal para intervenir en los asuntos municipales. Las mociones de censura, argumentó, están reguladas por la ley nacional y caen bajo supervisión judicial, no por acción política regional. “Compartimos el objetivo, pero no el camino”, afirmó, destacando el respeto a la autonomía local y el papel de los tribunales.
El intercambio expuso una división política más profunda. Blanch acusó al PP de beneficiarse del estancamiento institucional y de no actuar ante un problema democrático. Díez, por su parte, desestimó las críticas y calificó la situación como un caso aislado y no como una cuestión estructural.
Mientras tanto, en San Fulgencio, las consecuencias siguen siendo inmediatas y sin resolver: una votación suspendida, autoridad cuestionada y un gobierno local incapaz de completar un procedimiento democrático básico. El resultado final depende ahora enteramente de los tribunales, lo que deja al municipio en un prolongado estado de incertidumbre.