Desde el verano pasado, alrededor de 200 villas de lujo en Mallorca han sido ocupadas por okupas cuyo objetivo es exigir un “rescate” a los propietarios.
Esta forma de okupación se ha producido en algunas de las zonas más cotizadas de Mallorca (Son Vida, Portals, Santa Ponsa, Costa dels Pins, Port Pollença) y puede llegar a su fin con bastante rapidez. Los casos no llegan a los tribunales. Los propietarios pagan a los ocupantes ilegales para que se vayan. Sucede, aunque como dice un policía: “Nadie quiere admitir que ha pagado 150.000 euros o más para que un okupa abandone su villa de lujo.
“Se trata de fincas, villas y chalets valorados en varios millones de euros, por lo que los propietarios están dispuestos a desembolsar grandes sumas de dinero para que abandonen su segunda residencia y dejen de causar problemas”.
Recientemente hubo un caso que llegó a los juzgados de Manacor. Un abogado había conseguido un desalojo ‘exprés’ para sacar a una pareja y a su hijo adulto de una propiedad de lujo en Son Servera. Cada uno de ellos fue multado con 700 euros. Éste, sin embargo, fue un ejemplo de okupación “tradicional”. No se trataba de una situación de tipo “inquilino-ocupante ilegal”, en el que se firma un contrato de alquiler y el alquiler se puede pagar durante dos o tres meses, pero luego no se paga.
A menudo se alega una situación de “vulnerabilidad”. Las bandas organizadas pueden estar detrás de esta forma de okupación. “Los afectados saben que si acuden a los tribunales ordinarios la situación puede prolongarse durante muchos meses o años, por lo que muchos de ellos acaban negociando un rescate por sus bienes”.
El perfil de los okupas ha cambiado. Ahora hay quienes entienden el proceso legal y explotan las lagunas jurídicas para presionar a los propietarios. “En algunos casos, exigen cantidades de dinero cada vez mayores a medida que pasan los meses, sabiendo que el propietario necesita recuperar el inmueble”.